El Gobierno de Rajoy se prepara para una disolución de ETA a corto plazo y creíble

Las especulaciones sobre un desenlace definitivo para el medio siglo de terror etarra, enlazando el desarme con la disolución, han menudeado desde que ETA escenificara el pasado 8 de abril la entrega de sus depósitos con la mediación de los llamados 'artesanos de la paz', el arropamiento activo del Gobierno Vasco, el 'laissez faire' del Estado francés y la decisión de Rajoy de no intervenir para impedirlo o bloquearlo. Desde entonces se aguardan dos decisiones, que a su vez están hiladas: una, ya tomada, por la que los presos se muestran dispuestos, por primera vez en la historia de sus reivindicaciones como grupo unívoco y compactado, a buscar soluciones personales a su situación penitenciaria; la segunda, que ETA se diluya como tal, bien declarándose 'organización inactiva' a la manera del IRA, bien bajo otra metodología por la que se esfume para siempre del escenario que ha condicionado durante décadas. Lo que aguarda la mayoría de las formaciones políticas es una disolución que renuncie a perpetuar la sigla etarra como una especie de sombra tuteladora del pasado sobre el futuro de los vascos.

El Gobierno se sitúa ante un posible contexto en el que se produzca una declaración de ETA decretando su propio final. Cosa distinta es el grado de intensidad que pueda alcanzar la respuesta gubernamental a ese anuncio. Pero en todo caso, la convicción que cunde en el Ejecutivo y en las filas de los populares es que lo que queda en pie de la banda armada «va a tratar de buscar una salida», con la vista puesta en el porvenir de los presos y de sus familias, y también en el de los activistas que permanecen en la clandestinidad. Los cuales se enfrentarían a una legislación endurecida en el supuesto de ser detenidos.

El pasado sábado 15 de julio el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, participó en Bilbao en la jornada de la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco dedicada a la memoria del concejal en el vigésimo aniversario de su secuestro y asesinato. Zoido, juez de carrera, no ofreció pistas sobre el cuadro de situación que se hace su departamento acerca del final de ETA y con la información que dispone de los servicios de inteligencia que dirige la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. En su discurso ante un auditorio muy conmovido por el recuerdo de Blanco y las palabras de su hermana, el presidente Rajoy se limitó a incidir en el discurso exigente, según el cual el horizonte que le espera a la banda es disolverse, pedir perdón a sus víctimas y colaborar con la justicia, sin promesa de contrapartida alguna. Pero es el propio Gobierno el que ha dejado marcada la secuencia, desde los tiempos de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior: si ETA desaparece, desaparecerán a su vez los motivos por los que el Ejecutivo mantiene a los presos alejados de Euskadi.

Los populares vascos aguardan, sin prisa y sin angustias, pero con la expectativa de que las reclamaciones de los reclusos se vayan amortiguando, a que la sigla etarra se evapore para poder flexibilizar la política penitenciaria. Más allá de su discurso oficial, los de Alfonso Alonso no son ajenos a la situación que se vive en las cárceles. Y no les ha pasado desapercibido el documento en el que los integrantes del EPPK certifican su tránsito hacia las vías legales asumiendo como válido «todo agrupamiento, todo acercamiento, toda excarcelación», aunque sean parciales. Rajoy tiene en su mesa la propuesta del lehendakari Urkullu para una vía consensuada que contemple encarcelamientos en un radio máximo de 250 kilómetros con respecto a Euskadi.

Las fuentes populares consultadas constatan la existencia de «una crisis de identidad y de orientación» en el antiguo mundo de la violencia y sus aledaños. No lo suficientemente aguda como para cuestionar que ETA ha de desencadenar su desenlace, pero sí sobre la huella -el relato- que quedará marcada en la memoria del país tras tantos años de terror y de la consiguiente represión. Del relato que sobrevivirá después de que la banda se haya desarmado y sus antiguos activistas hayan aceptado el camino de la legalidad sin ningún precio a cambio.

Esta pugna interna se estaría librando en paralelo a la que la izquierda abertzale juega con el Gobierno. Al calor de los homenajes por Miguel Ángel Blanco, Rajoy se ha adentrado en una nueva línea argumental de autoafirmación, al situar el combate contra ETA y a favor de las víctimas como un referente de «decencia» y defensa de la libertad equiparable al que ahora se libra frente a la amenaza global del yihadismo.