El Gobierno aumentó su control a la Generalitat tras detectar un desvío de 6.150 euros para el referéndum

De esta forma, el ejecutivo central ha acordado hoy advertir a la Generalitat de que condicionará el desembolso del Fondo de Liquidación Autonómica a que se le remitan pruebas semanales de que no se han dedicado recursos a actividades relacionadas con el referéndum secesionista.

El ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, ha recordado en rueda de prensa la sentencia del Tribunal Constitucional que decretó, el pasado 5 de julio, que "ninguna partida del presupuesto de la Generalitat para 2017 puede ser destinada a cualquier actuación que tuviera por objeto la realización, gestión o convocatoria de aquel proceso referendario" y declaró inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas a la consulta sobre la independencia.

La Generalitat dio muestras el pasado martes de que guardará en secreto sus movimientos para evitar que el Gobierrno pueda impugnar sus actos ante los tribunales y evitó anunciar, tal y como estaba previsto, la compra de las urnas que pretende emplear en la votación del 1 de octubre. De ahí ese nuevo paso del ejecutivo, acordado esta misma mañana en una reunión de la Comisión delegada de Asuntos Económicos presidida por Mariano Rajoy.

La orden del Ejecutivo obliga en concreto a los interventores de las consejerías, los responsables económicos financieros de las entidades en las que no hay interventores delegados, al director general de los presupuestos y al director general de políticas financieras seguros y tesorería a remitir certificados individuales al ministerio de hacienda para que esta pueda comprobar que no se han tramitado expedientes del presupuesto destinados a actividades relacionadas con el referéndum.

Si se concluyera que se han dedicado partidas a ese fin considerado inconstitucional, el Gobierno llevaría a los tribunales a quien hubiera autorizado el gasto. En caso de que no se remitieran los citados certificados el ejecutivo retendría el FLA, que en 2017 alcanza los 3.600 millones de euros. Fuentes del ejecutivo no ocultan que pretenden poner especialmente contra las cuerdas al vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, designado coordinador del referéndum.

El dinero de ese fondo siempre ha estado supeditado al cumplimiento de determinados requisitos conforme a la ley de estabilidad presupuestaria y y se supone que su fin es garantizar la prestación de servicios públicos en las comunidades autónomas que lo perciben. Méndez de Vigo ha argumentado que si la decisión, que espera que no tenga que tomarse, redunda en una merma de servicios públicos como la sanidad "será el gobierno de Carles Puigdemont el que tenga que explicar a los catalanes por qué se ha producido".

El ministro ha insistido en que se trata de una actuación preventiva destinada a garantizar que "el dinero va a donde los catalanes quieren que vaya donde desean algunos". "Ya lo hemos dicho varias veces si alguien quiere hacer un referéndum ilegal lo tendrá que pagar de su bolsillo ha concluido".