La Fiscalía rechaza que Carmena prevaricara al retirar una calle a Millán Astray

El representante del Ministerio Publico entiende que la decisión del Ayuntamiento de cambiar el nombre de la calle que recordaba al fundador de la Legión no supone infracción penal alguna. Es más, pide que no se paralice el expediente administrativo sobre el cambio de nombre de la calle del general Millán Astray sin perjuicio de que los denunciantes ejerzan las acciones civiles o de carácter contencioso-administrativo “que estimen convenientes o necesarias”.

Los denunciantes solicitaron como medida cautelar, antes de que se dilucidara la existencia o no de responsabilidad penal, que se paralizara el expediente administrativo que borraba del callejero madrileño la figura de Millán Astray. Su principal argumento era que el citado general no tuvo intervención alguna en la guerra civil y que tampoco colaboró con el franquismo. Y es que entendían que la Ley de Memoria Histórica establecía una serie de medidas que contemplaban la retirada de símbolos públicos que exaltaban la sublevación militar porque pudieran ser ofensivos o porque constituyeran un agravio.

La Fiscalía replica que “más allá de la conformidad o desacuerdo con la citada Ley”, lo cierto es que es de “obligado” cumplimiento para las instituciones públicas que pueden establecer “las medidas que estimen oportunas que se hallen contempladas en los preceptos de la misma”. Es más, sostiene que existen datos que involucran a Millán Astay en la contiendas “y en la sustentación del régimen político surgido de la guerra civil”.

Otra cosa, según reza en el escrito remitido al juzgado, “será que en el ejercicio de la acción contencioso-administrativa se dirima, con la pertinente controversia y contradicción, si la figura del general Millán Astray debe entenderse o no acogida en los supuestos recogidos en el citado precepto legal”.

También argumenta la Fiscalía que resulta “patente” la falta de un elemento “objetivo” de que se haya cometido un delito de prevaricación. Incluso subraya que los hechos relatados en la propia denuncia acredita “siquiera indiciariamente” que la actuación del consistorio madrileño fuera arbitraria sino más bien un “mero reflejo de acontecimientos históricos sobre los que, como ocurre en toda la Historia, existen versiones o interpretaciones diferentes”.