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AGENCIAS
Barcelona
Jueves, 14 de septiembre 2017, 14:28
La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tania Verge y Josep Pagés, por realizar actos de ordenación, regulación e impulso del referéndum del 1-O prohibido por el Tribunal Constitucional.
En el escrito, presentado este jueves en los juzgados de instrucción de Barcelona, la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, les acusa de los delitos de usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación, considerando sus actuaciones "una clamorosa manifestación de desprecio al principio de autoridad representado por el Tribunal Constitucional".
La fiscal considera que los querellados han realizado actos de ordenación, regulación e impulso de un proceso electoral previsto en una Ley previamente suspendida por el Tribunal Constitucional y amparándose en un nombramiento igualmente suspendido constitucionalmente, "careciendo así de toda facultad o habilitación para el desempeño de las funciones que se atribuyen".
No queda ahí la cosa. Además, la Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra la presidenta de la AMI, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y diputada en el Parlament de JxSí, Neus Lloveras, y contra el presidente de la ACM y alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch, ambos de PDeCAT, por contribuir con actos concretos a la promoción, organización y celebración del referéndum.
Consideran que ambos han realizado "actos inequívocos de promoción y organización" del referéndum, pese a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional con el envío a los alcaldes catalanes el modelo de decreto de alcaldía a favor del referéndum y informaciones sobre la campaña.
La Fiscalía solicita varias medidas cautelares al TSJC como que fije fianzas económicas para los dos querellados y que cierre las páginas web de la AMI y de la ACM, además de que se dirija oficio a los alcaldes catalanes para que impidan el referéndum, retirando si es necesario carteles animando a la participación.
En un comunicado, las ejecutivas de ambas agrupaciones han calificado de "nuevo acto sin sentido" la decisión de la Fiscalía Superior de Cataluña y han recordado que actúan "en representación de la ciudadanía" y representan casi la totalidad de los 947 alcaldes de Cataluña.
El Ayuntamiento de Barcelona no cederá los locales municipales usados habitualmente en procesos electorales para la votación del referéndum del 1 de octubre porque incumpliría la suspensión del Tribunal Constitucional (TC), como se desprende del informe de los servicios jurídicos que los representantes del Gobierno municipal han dicho que acatarían.
El informe del Secretario del Ayuntamiento, Jordi Cases, consultado por Europa Press, destaca que el consistorio debe cumplir las decisiones del TC, algo que afecta a la cesión de locales.
Fuentes municipales han explicado que el Ayuntamiento y el Govern mantienen abiertas vías de diálogo para facilitar que la movilización del 1-O se pueda celebrar con normalidad en Barcelona.
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