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Hacienda ha ideado un mecanismo que le permite controlar los gastos de la Generalitat para impedir que se destine dinero público a la organización del referéndum en las próximas dos semanas. Cristóbal Montoro ha anunciado, tras el encuentro del Consejo de Ministros, que el Gobierno ... asume el pago directo de los servicios públicos catalanes. Es decir, nóminas de funcionarios, y todo lo vinculado a sanidad, educación y servicios sociales. Además, da 48 horas de plazo a Carles Puigdemont -a partir de la próxima semana- para aprobar un acuerdo de no disponibilidad que garantice, en resumen, que el resto de recursos tampoco serán empleados en sufragar la consulta. De lo contrario, el Ejecutivo se hará con el control prácticamente total del presupuesto.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, la norma en la que se sustenta Hacienda para adoptar estas decisiones de carácter temporal, contempla también que el Gobierno pueda aplicar, llegado el caso, el artículo 155 de la Constitución e intervenir de manera parcial la autonomía. A este instrumento no se ha renunciado. La diferencia estriba en que de momento la competencia del reparto de gastos, la decisión de en qué se invierte el dinero, sigue en manos de la Generalitat. Sólo que las facturas, debidamente justificadas, las asumirá el Ejecutivo central, que controla la parte que le corresponde a Cataluña dentro del sistema de financiación autonómica.
El pequeño margen restante, los recursos derivados de los tributos que gestiona el Gobierno catalán, según fuentes de Hacienda, podrán ser supervisados a través de las entidades bancarias. “No podemos confiar en unas autoridades que dicen que están comprometidas con los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero a su aire”, ha censurado Montoro.
El Círculo de Empresarios ha emplazado al Gobierno a defender "con firmeza", por tener "la obligación y la responsabilidad" de hacerlo, la Democracia y el Estado de Derecho frente al desafío independentista en Cataluña, que ve "totalmente demencial".
Si bien, desde el Círculo reconocen que en Cataluña existe un sentimiento de malestar que es "necesario gestionar", la imposición de un proyecto político al margen de la ley empleando las instituciones para fines partidistas resulta "un fraude" a todos los catalanes y al resto de los españoles.
En un llamamiento institucional ante los medios de comunicación, el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, consideró que proponer un proyecto que divide a la gente es "totalmente demencial" y añadió que "algunas personas han perdido temporalmente la cabeza".
El Círculo de Empresarios ha querido "levantar la voz" en favor del orden constitucional y hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de Cataluña para "frenar" esta evolución de los hechos que "a todos perjudica". Vega de Seoane reiteró la necesidad de "pacificarse" y de volver al "espíritu de la transición", un espíritu de pacto y de reconciliación, de "mirar al futuro".
Entre las consecuencias a nivel empresarial, Vega de Seoane aseguró que pese a que las inversiones en Cataluña han seguido hasta ahora "bien", le consta que algunos empresarios en Cataluña están elaborando "planes de contingencia" ante una hipotética secesión, entre los que estaría la reubicación de sus empresas a otros países.
Con respecto a la "deriva secesionista", considera que es un problema político, social y civil, que está "dividiendo a la sociedad" y que de llevarse a cabo "perjudicaría a toda España, pero especialmente a Cataluña", además de por la ruptura de esa relación, por dejar de pertenecer a la Unión Europea.
La prioridad debe ser, según el Círculo, formar parte de la consolidación del proyecto europeo, por lo que es "necesario restablecer" un clima de acuerdo y confianza que permita a España concentrarse en un proyecto común, estimulante e inclusivo.
Para ello, desde el Círculo de Empresarios consideran que, a partir del dos de octubre, una vez se supere el clima de tensión e incumplimiento de la ley, será el momento de revisar cuestiones de "profundo calado" que afectan tanto a Cataluña como al resto de las comunidades autónomas. Y reiteran, que hace 40 años, unidos, se alcanzaron unos niveles de libertad, prosperidad, desarrollo económico y bienestar social sin precedentes.
En el comunicado afirman que España tiene ante sí "grandes retos" derivados de la transformación que se está produciendo en el mundo y que son los poderes públicos los que deben consensuar las grandes reformas que son necesarias acometer, entre las que se encuentran la financiación de las comunidades autónomas y su mejor encaje en el ordenamiento constitucional.
Vega de Seoane no ha descartado una posible reforma constitucional, sin embargo cree que este no es el clima en el que se debe abordar estos cambios.
Este jueves fue el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, quien comunicó a Hacienda la decisión de suspender el envío semanal de informes de gasto. Esto implica que hasta después del 1 de octubre, el Gobierno caminaría a ciegas sin saber si se desvía dinero al referéndum. La resolución, sin embargo, la asumió la interventora general y es este dato el que se ha puesto ya en conocimiento de la Fiscalía. Un aviso al funcionariado sobre las consecuencias de su colaboración con el independentismo.
El presidente del Gobierno ha explicado esta mañana el paquete de medidas aprobado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos tanto al líder del PSOE, Pedro Sánchez, como al de Ciudadanos, Albert Rivera. Pero, en todo caso, Montoro comparecerá la semana que viene en el Congreso para trasladar todos los detalles a los grupos parlamentarios.
El ministro ya acudió a la Cámara baja a finales de agosto y proclamó ante la Comisión de Hacienda que “ni un solo euro” se había destinado a la consulta. Esa certeza se basaba, asegura hoy, en los informes que desde julio y cada siete días enviaba al Gobierno central el Ejecutivo autonómico. “¿Puede ocurrir que haya un falseamiento de documento público?”, se ha preguntado Montoro. Él, desde luego, no se pronuncia.
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