La comisión de investigación da por probado que existió policía política pero no acudirá a la Fiscalía

La mayoría de los grupos parlamentarios coinciden así en cuatro puntos: creen demostrado que desde el ministerio se creó una suerte de brigada policial a la que se buscó refugio en estructuras no formales de las fuerzas de seguridad; que su objetivo desacreditar a los rivales políticos del PP; que se empleó a fondo contra las fuerzas independentistas hasta el punto de fabricar informes apócrifos de la Udef o acusar falsamente al exalcalade de Barcelona Xavier Trias de tener cuentas en Suiza, y que además se preocupó de tapar casos que salpicaban a los suyos como ocurrió con el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

En lo que no ha habido consenso, en cambio, ha sido en la necesidad de remitir estas conclusiones a la Fiscalía tal y como pretendían Podemos, PDeCAT y Esquerra. Estas fuerzas querían que los tribunales investigaran, entre otras cosas, si han existido delitos de malversación de fondos públicos o fraude procesal por parte de los máximos responsables de Interior y de la Policía. Pero el PP y también el PSOE, incluso Ciudadanos con su abstención, no lo creían pertinente porque el caso ya estaba judicializado.

El PP insiste además, en solitario, en que las comparecencias celebradas en estos meses de trabajo parlamentario han demostrado que no hay "ni caso ni causa ni responsabilidades políticas". El portavoz popular en la comisión, Carlos Rojas, ha argumentado que "no ha habido nada que se parezca a una policía política" y ha acusado a la oposición de pretender aislar a su formación sin "asumir el mandato de las urnas" que, a su juicio, no es otro que el de dialogar para ofrecer soluciones a los verdaderos problemas de los españoles, como el paro.