La Policía protegió la actividad de Villarejo porque «no tenía relación» con el Cuerpo

El documento fue firmado en abril de 2015 por el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del comisario principal Eugenio Pino, entonces director operativo del Cuerpo. Concluía que los «servicios de inteligencia» que decía prestar el comisario cumplían «con los parámetros de compatibilidad» debido a su función policial y descartó cualquier responsabilidad administrativa y/o penal de Villarejo.

En suma, para la cúpula policial de la época las actividades particulares del agente «no suponían un menoscabo» del estricto cumplimiento de sus deberes profesionales, guardaban «respeto absoluto» al horario del puesto de trabajo y «no tenían relación» con asuntos vinculados a la Policía, con las actividades que desarrolla el Cuerpo o que fueran de su competencia.

Esta última referencia trataba de encubrir la operativa parapolicial de los servicios que prestaba Cenyt, empresa matriz de Villarejo, a sus clientes. El hecho irrefutable es que el comisario usaba datos de bases policiales, con la aquiescencia de funcionarios afines, para construir sus trabajos. Estos documentos, sin embargo, no eran más que «márketing», según ha reconocido el propio acusado en el juicio que celebra la Audiencia Nacional sobre la operación que supuso su detención.

«El 90% del contenido no tenía mayor trascendencia. La verdadera intención era quedar bien con el cliente» para reforzar la tapadera de Cenyt como empresa de asesoría jurídica y análisis de inteligencia. «Mis empresas eran de cobertura. La misión era trabajar para el Estado», defendió Villarejo ante el tribunal.

Pues bien, pese a este golpe de realismo, la estrategia de defensa del acusado se centra precisamente en justificar sus actividades privadas por la «cobertura» que le dio el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con el que asegura colaborar desde hace años.

Villarejo rebatió además en el juicio el enriquecimiento que le ha generado su entramado mercantil (solo en bienes inmuebles se han identificado 75 propiedades a su nombre o al de su familia), declarando que Interior rubricó el citado expediente que le exonera.

El comisario ha declarado que el informe fue ordenado por el ministro Jorge Fernández Díaz, «probablemente a sugerencia del presidente (Mariano Rajoy)», y dijo haber colaborado en el mismo tras reunirse con los dos jefes de la Policía en 2015: el director general Ignacio Cosidó y el DAO Eugenio Pino, máximo responsable operativo.

El citado documento, al que ha accedido este periódico, valora condiciones tan controvertidas para Villarejo como la ética y la imparcialidad, «regla matriz que determina las incompatibilidades». Subraya que el comisario no realizó más actividades que la simple gestión de Cenyt, «sin una implicación que exceda de la mera conservación de una empresa ya integrada en su patrimonio personal». Y concluye que esta riqueza se ha generado durante el tiempo que estuvo en excedencia: desde agosto de 1983 hasta junio de 1993. Un patrimonio que solo se dedica a administrar cuando reingresa al Cuerpo.

Este informe parapeto construido por la antigua cúpula policial ya fue desmontado por los investigadores de Asuntos Internos en el 'caso del pequeño Nicolás'. El grupo liderado por el inspector Rubén López aseguró en mayo de 2016 que Pino y Fuentes Gago -hoy liberado sindical- conocían por ellos las irregularidades del entramado societario del policía y la incompatibilidad con su función pública.

Sin embargo, lejos de intervenir, estos mandos continuaron realizando «acciones para encubrir las actividades ilícitas del Villarejo (de ahí el informe de Fuentes Gago) y dificultar la investigación judicial» en marcha en un juzgado de Madrid, según recoge el sumario del 'caso Nicolás'.