No hay riesgo de ruptura en el Gobierno. Lo repiten de manera insistente ambos socios, pero la desconfianza y las tensiones no remiten. Si el lunes Unidas Podemos aireó sus «discrepancias sustanciales» con el PSOE sobre la ley de la vivienda, que desde hace ... meses negocian con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, este martes se sumó a una demanda que hasta ahora impulsaban las fuerzas de la oposición, desde el PP y Ciudadanos hasta Esquerra, y reclamó ayudas directas a la hostelería y el pequeño comercio afectado por la pandemia.
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La nueva ofensiva de la formación que lidera Pablo Iglesias llega, además, después de que la semana pasada ambos partidos celebraran una reunión para tratar de rebajar susceptibilidades. «Hemos engrasado», dijeron fuentes de Moncloa. Montero, presente en el encuentro en su calidad de portavoz gubernamental, aseguró este martes que el Ejecutivo salió «reforzado» de la cita y trató de minimizar los roces.
«El pulso que se puede percibir desde fuera no tiene nada que ver con la situación cotidiana que vivimos en el Consejo de Ministros», adujo la ministra. Acto seguido, sin embargo, tuvo que dedicar varios minutos de su habitual comparecencia semanal a defender el trabajo realizado hasta ahora por el Gobierno en relación con las materias sobre las que su socios han decidido poner el foco.
Montero ya apuntó hace unos días que son las comunidades autónomas y los municipios, como administraciones más cercanas, las que tienen capacidad de articular ayudas más concretas. Pero este martes, junto al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, argumentó además que el Ejecutivo ya está concediendo ayudas directas a través de las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social y remarcó que tanto por esa vía como por la de los es ERTE y los créditos ICO se han dedicado al sector empresarial más castigado por la crisis 62.000 millones de euros.
También adujo que «tras más de una década de abandono» el Ejecutivo aprobará en breve una norma para que la vivienda adquiera la consideración de derecho que le confiere la Constitución. Unidas Podemos –que, entre otras cosas, quiere obligar a los grandes tenedores a reservar el 30% de sus viviendas al alquiler social– se queja de que ya se han superado los plazos pactados con el PSOE en la negociación de los Presupuestos para que la norma estuviera redactada a finales de enero.
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Pablo Iglesias, en todo caso, ha dejado claro en varias ocasiones que no piensa renunciar a su manera de actuar. «Cada día me encuentro con acusaciones que dicen que queremos ser Gobierno y oposición simplemente porque decimos la verdad; los debates fundamentales de nuestro país no se dan en el Congreso de los Diputados, donde se producen es en el centro del Gobierno», presumió en una entrevista reciente en 'eldiario.es' e 'Infolibre'. Es su manera de convencer a los electores de que su entrada en el Gobierno, de nuevo sometida a examen en su partido, tiene una utilidad.
En el PSOE vinculan, de hecho, los empellones de esta semana a un intento de sacar la cabeza en Cataluña después de los fracasos electorales en el País Vasco y Galicia. «Están muy nerviosos», dicen fuentes de la dirección socialista.
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Los socios del Gobierno mantienen enfrentamientos coyunturales y otros de carácter permanente que, a veces, vuelven a primera plana. En ese segundo grupo está la batalla por la bandera del feminismo encarnada por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Apenas un mes después de que echara andar la coalición, en 2020, ya se produjo un choque a cuenta de la ley del 'solo el sí es sí' que Unidas Podemos pretendía prensentar antes del 8 de marzo. El PSOE defendía que el texto planteado por el departamento de Montero tenía muchas deficiencias técnicas y debía ser pulido antes de ser llevado al Consejo de Ministros lo que llegó a provocar acusaciones de machismo contra el titular de Justicia, Juan Carlos Campo. Ahora las tensiones se han recrudecido a cuenta de la ley trans, que divide al movimiento feminista. Su sector más clásico, con el que se identifica el PSOE, recela de las implicaciones de la «autodeterminación sexual» y del activismo 'queer'. La intención de Calvo de fusionar el borrador de Montero con el de los derechos LGTBI cuenta con la oposición de Igualdad que ve un intento de diluir su trabajo.
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