El Gobierno obedece a Bruselas y renuncia a cambiar la ley para renovar el CGPJ sin el PP

El anuncio fue recibido con recelo por parte de Unidas Podemos. El presidente de su grupo parlamentario, Jaume Asens, aseguró que no atenderá la petición del ministro porque no hay otra alternativa para tratar de favorecer una renovación que lleva bloqueada desde hace dos años. Aunque el pasado febrero el PSOE y el PP estuvieron a punto de llegar a un acuerdo, del que también iban a participar el socio minoritario del Gobierno y el PNV, la negociación encalló por la negativa de los populares a aceptar uno de los nombres propuestos por el partido de Pablo Iglesias, el del juez José Ricardo de Prada, uno de los artífices de la sentencia del 'caso Gürtel'.

El hecho de que los socialistas desistan de la propuesta, que también fue fuertemente contestada por las asociaciones de jueces, hará imposible que prospere, en todo caso, por más que Podemos acabe llevándola a un próximo pleno; cosa que está por ver. La nueva ministra para la Agenda 2030, la podemista Ione Belarra, evitó, además, emitir la mínima crítica por la decisión de Campo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ambos participaron. En plena campaña electoral madrileña su partido ha decidido rebajar el ruido interno en el seno de la coalición para no desincentivar a los votantes de izquierdas y Belarra, que como secretaria de Estado se caracterizó por sus duras críticas al ala socialista del Ejecutivo, se limitó a hacer hincapié en que el PP está en «rebeldía constitucional».

El paso atrás oficial del Gobierno tiene que ver con el hecho de que Bruselas se haya mostrado sensible a las denuncias del PP, de Ciudadanos y de varias asociaciones de jueces sobre un supuesto «riesgo de violación del Estado de derecho» en España. Pero lo cierto es que, aunque lo siguiera blandiendo periódicamente como elemento de presión para que los populares abandonen sus vetos, el Ejecutivo había decidido ya hace tiempo dejar morir un texto que también disgustaba a varios ministros de Sánchez con formación jurídica.

El titular de Justicia remarcó hoy que la la vicepresidenta Jourova -que por otro lado sí avaló la reforma del PSOE y Podemos que limita la capacidad del CGPJ para hacer nombramientos estando en funciones- también lanzó el lunes un claro mensaje a los populares al advertir de que ahora urge que los partidos se pongan de acuerdo para evitar que un buen número de vacantes en el Supremo, en Tribunales Superiores de Justicia o en Audiencias Provinciales queden sin cubrir y condicionen el buen funcionamiento de la justicia. «Es -adujo- un mensaje claro a quien está bloqueando».

La batalla electoral en la Comunidad de Madrid hace difícil que el PP y el PSOE vuelvan a sentarse antes del 4 de mayo, pero Campo se ha mostró convencido de que tarde o temprano habrá entendimiento y trató de poner en valor los cambios que traerá consigo la futura ley para la eficiencia de la justicia, cuyo anteproyecto ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. «Ayer oí al señor Casado decir que podría haber acuerdo al día siguiente si trabajamos en la independencia de los jueces y hoy -argumentó- quizá tiene un argumento menos para oponerse».

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, sin embargo, se mostró menos optimista, pero en su caso evitó cargar las tintas contra el PP. «Se deberían discutir nombres que no causaran problemas ni a unos ni a otros, de manera que el núcleo principal de esta institución pudiera estar conformada por personas más transversales; pero lo que se hace es 'cuántos tú y cuántos yo' -reprochó-. Y es un error».