Grande-Marlaska, el juez estrella que levantaba simpatías en el PP

El nombre de Grande-Marlaska comenzó a conocerse cuando desembarcó en la Audiencia Nacional en 2004, procedente de juzgados de Santoña y de su Bilbao natal. Sin embargo, su salto mediático se produjo cuando en 2005 se casó con su novio Gorka, tras la aprobación del matrimonio gay, pasando desde entonces a convertirse en uno de los homosexuales más influyentes del panorama nacional y defensor de la causa LGTBI.

Dicen en la Audiencia Nacional y en el Poder Judicial que catalogar ideológicamente a Grande-Marlaska (al menos hasta que ayer fue nombrado ministro de un gobierno socialista) era imposible. Como impensable, al menos hasta hoy, era que entrara a un Ejecutivo del mismo color al que le hizo la vida imposible en 2006, cuando, aprovechando una sustitución de Baltasar Garzón, abrió una investigación sobre el chivatazo al aparato de recaudación de ETA en plena tregua. Un caso que terminó salpicando a altos responsables de Interior del Gobierno de Zapatero y con la condena de dos policías.

Suya fue la decisión, muy polémica, de archivar la investigación por la identificación errónea de 30 de los militares del Yak-42. Aquel carpetazo le valió un aluvión de críticas que todavía resuenan cada vez que se habla de aquel accidente. En abril de 2008 la Sala de lo Penal le obligó a reabrir el caso aunque, tras meses de instrucción, volvió a decretar su sobreseimiento.

La otra polémica que le perseguirá toda su carrera -y que él mismo admite que le marcó- fue la de usar su voto de calidad como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para aprobar la excarcelación de nueve etarras, entre ellos Domingo Troitiño, sin esperar el criterio del Supremo tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que derogó la 'doctrina Parot'.

Entre sus grandes instrucciones en la Audiencia Nacional destaca la causa contra el brazo político de ETA y la financiación a través de las 'herriko tabernas'. Durante un tiempo fue azote de la izquierda abertzale, pero sus detractores le acusan de haber bajado el pistón contra los radicales con la declaración de la tregua de ETA de 2006, excarcelando bajo fianza a muchos de los investigados a los que Garzón había mandando a prisión.

ETA, de nuevo, va a marcar la agenda de Grande-Marlaska desde su llegada al Ministerio del Interior. Pocos dudan de que Pedro Sánchez le ha situado en este puesto estratégico para gestionar la política penitenciaria después de que la banda terrorista certificara su disolución el pasado mayo. Suya será la decisión o no de suavizar esa política que el Gobierno de Mariano Rajoy había prometido a las víctimas del terrorismo que no iba a cambiar a pesar del fin de ETA.

Encima de la mesa, según todos los analistas, se enfrentará a la 'patata caliente' de decidir si comienza o no los acercamientos y el fin de la dispersión de los presos que ya han mostrado su arrepentimiento o fijar cuál será el listón para que los internos de ETA puedan acceder a beneficios penitenciarios.

De sus resoluciones judiciales e instrucciones en la Audiencia Nacional no se puede inferir cuáles serán las líneas de su política carcelaria, según aseguraron ayer expertos en la materia.

Más alla de la gestión de los reclusos de la desaparecida banda, la lucha antiyihadista, la reforma (ya en marcha) de la 'ley mordaza' o la implementación de la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad del Estado con los Mossos y la Ertzaintza serán puntos prioritarios en su agenda.