Pedro Sánchez prorroga el estado de alarma hasta el 26 de abril

Fernando Simón, principal asesor de Pedro Sánchez en la dimensión sanitaria de esta crisis, ya aseguró ayer que a pesar de los datos positivos que empezaba a arrojar la curva de contagios que «hay que seguir extremando los cuidados para evitar que dispararse».

Así, el Ejecutivo amplía hasta el 26 de abril el estado de alarma por la crisis sanitaria que ha generado el COVID-19. Para ello debe ahora buscar apoyos entre los gruos parlamentarios de la oposición, quienes le han criticado en los últimos días por «no buscar consenso» con el resto de formaciones.

Formalmente, la solicitud de prórroga del estado de alarma se tomará, previsiblemente en el Consejo de Ministros del martes. El Congreso, que es quien debe autorizarla, ya ha anunciado que reunirá a su Mesa ese mismo día a las 16:00 horas y a la Junta de Portavoces a las 18:00 horas. En esos encuentros se pondrá fecha y se fijará el orden del día del próximo pleno de la Cámara. Fuentes parlamentarias apuntan como fecha más probable para su celebración al jueves 9.

En principio, el Gobierno no tiene nada que temer en lo que al visto bueno del mantenimiento de la situación excepcional se refiere, a pesar de que en la última semana el clima político se haya crispado de manera evidente, sobre todo, a raíz de la aprobación, el pasado domingo, del decreto de paralización de la actividad productiva considerada no esencial.

De hecho, Pablo Casado ha expresado este sábado su apoyo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para prorrogar el estado de alarma hasta el 25 de abril, pero ha advertido de que la unidad y la lealtad en la crisis del coronavirus exige «eficacia y transparencia». En un mensaje en Twitter, Casado desvela que tras hablar por teléfno con el presidente del Gobierno, «le he vuelto a transmitir el apoyo del Partido Popular para las medidas de contención contra el coronavirus. La lealtad y la unidad exigen eficacia y transparencia».

Sus socios del Gobierno de coalición han expresado estos días su malestar por la falta de comunicación que ahora los socialistas buscan compensar a la carrera. Con todo, la Moncloa no ha aclarado aún si la semana próxima también llevará a la Cámara el resto de decretos pendientes.

El Gobierno dispone de un plazo de 30 días a partir de su aprobación para convalidarlos, aunque en el caso del que afecta a los sectores no esenciales no tendría sentido esperar más, salvo que también se piense en prorrogarlo. Esa es una cuestión que Illa rehusó este viernes contestar y que inquieta a autonomías y empresas.