Pedro Sánchez bate el récord de decretos en siete meses

Una herramienta jurídica a la que Sánchez se encomendará para tratar de alargar al menos hasta octubre la legislatura y sacar adelante sus medidas si finalmente no hay Presupuestos. Los reales decretos son las únicas normas que el Ejecutivo tiene aseguradas ante la debilidad parlamentaria del PSOE, que sólo tiene 84 diputados.

Su aprobación en el Consejo de Ministros tiene una traducción efectiva en el Congreso, ya que la mayoría salida de la moción de censura contra Rajoy le ha permitido hasta ahora convalidar todos los decretos que ha llevado a la Cámara e incluso, en muchas ocasiones, PP y Ciudadanos han votado a favor. Prueba de ello es que de los 16 decretos leyes convalidados desde junio los populares han apoyado nueve y los liberales once.

Sin embargo, esa mayoría podría llegar a deshacerse. Su principal socio parlamentario, Unidos Podemos, ya ha avisado de que no apoyará el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, pues deja fuera la capacidad de los ayuntamientos para fijar precios de referencia en determinadas zonas urbanas.

A pesar de las críticas por su abusiva utilización, el Gobierno sostiene que es la única forma de sacar adelante sus políticas porque, por otro lado, las leyes que quiere tramitar en el Congreso por la vía ordinaria se encuentran con el el bloqueo sistemático que ejerce la mayoría del PP y Ciudadanos en la Mesa de la Cámara con el recurso a la ampliación eterna del período de enmiendas. Los dos partidos mantienen congeladas actualmente unas 37 iniciativas.

La de los decretos leyes «es una fórmula habitual en cualquier democracia y no tiene ninguna excepcionalidad», justificó el pasado agosto la vicepresidenta Carmen Calvo. La urgencia, además, la determina el Ejecutivo, según la número dos de Sánchez, que intenta limitar su uso a iniciativas de calado social

En sus primeras semanas, el Gobierno socialista aprobó algunas de sus propuestas estrella a través de decretos leyes, como la derogación del impuesto al sol y el bono social, la activación de medidas destinadas a aumentar los recursos para la atención a refugiados, la lucha contra la violencia de género y la activación del empleo público. También usó esta figura legal para aplacar el conflicto de los taxistas y las VTC o recuperar la universalización de la sanidad pública e incluir en ella a los inmigrantes irregulares.

Sánchez y su gabinete han optado además por aprobar a través de decreto medidas con un cariz más político como la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, medidas urgentes de transición energética, la renovación del consejo de RTVE o el que obliga a los bancos al pago del impuesto de las hipotecas después de que el Tribunal Supremo se corrigiera a sí mismo y decidiera que fueran los clientes quienes siguieran asumiéndolo.