Los partidos toman aire para un curso político de alto voltaje

El primer reto del Gobierno, por nuclear para afrontar el resto, será el de reforzar la consistencia de sus apoyos parlamentarios. La heterogeneidad de la mayoría que impulsó al secretario general del PSOE a la Moncloa y el contexto en el que se mueven algunos socios como Esquerra, condicionado por el clima preelectoral en Cataluña, dificultan la tarea de recomponer la red de la investidura. Y los Presupuestos están a la vuelta de la esquina.

Hasta ahora el Ejecutivo ha dado muestras de querer convocar tanto a la izquierda como a Ciudadanos a la negociación de las cuentas del próximo año, vitales para la estabilidad de la legislatura y trascendentes para afrontar una etapa marcada por los efectos de la propagación del coronavirus. La vía de los liberales, sin embargo, cobra fuerza. Será esta, por lo tanto, una ocasión para comprobar las compatibilidades o incompatibilidades entre opciones políticas tan distantes como Podemos –que ya ha manifestado sus recelos– y el partido de Inés Arrimadas. Y, por extensión, supondrá un test para la fortaleza de la coalición de Gobierno.

La segunda cita del otoño llegará de la mano de Vox, que pretende impulsar en septiembre su moción de censura. Aun sin visos de prosperar, el debate dejará tras de sí, en todo caso, la fotografía del momento político actual y el estado de las alianzas gubernamentales. Será también una situación incómoda para el PP, donde hay cargos que ven tras el movimiento de Santiago Abascal un intento de ponerles contra las cuerdas.

Los populares, sin embargo, intentarán centrar el tiro en los próximos meses en el terreno de la economía. Ahí entienden que el Ejecutivo sufrirá el desgaste de la gestión. Son diversos los sectores del PP que apuestan por potenciar el perfil de partido con experiencia de gobierno para ofrecer a Casado como alternativa política en una crisis derivada de las consecuencias de la epidemia. Voces de la formación conservadora apuntan, además, que la respuesta a la situación económica es fuente de discrepancia interna entre los dos socios de Consejo de Ministros: Podemos y PSOE.

Tampoco dejarán pasar la oportunidad de poner el foco en aquellos elementos que ponen en evidencia la debilidad del Gobierno en el Congreso. Es el caso del real decreto sobre los remanentes municipales. El pacto con la Federación Española de Municipios y Provincias, que habilita la posibilidad de que las corporaciones locales presten sus ahorros a la Administración General del Estado –14.000 millones de euros– a cambio de una inyección de 5.000 millones en dos años y la devolución total en una década, ha soliviantado a alcaldes de todo signo político. También de partidos socios del Gobierno, como Esquerra, Catalunya en Comú o Compromís. Y el Ejecutivo podría enfrentarse a una derrota parlamentaria si la negociación no lo impide.

Tampoco hay que perder de vista Cataluña, donde sigue en el aire la convocatoria anticipada de comicios. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está pendiente, además, de que el Tribunal Supremo decida sobre su inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos.

En este contexto general, adquiere una mayor importancia el estado de las relaciones entre los socialistas y Podemos. En los últimos meses han sido varios los episodios en los que han aflorado las diferencias entre ambos proyectos políticos. El último, el de la marcha de Juan Carlos I del país. Pablo Iglesias llegó a hablar de «actitud indigna» y de la posición «muy comprometida» de la monarquía. Sánchez, sin embargo, cerró filas en torno al pacto constitucional.

Ahora, el horizonte judicial de Podemos supone una nueva piedra en el camino y un argumento adicional para la oposición;especialmente, para el PP, que reclama la dimisión del vicepresidente segundo del Gobierno. Pese a todo, desde la Moncloa insisten en blindar la alianza gubernamental. Aunque el jefe del Ejecutivo ha optado por no pronunciarse sobre los casos de Podemos en los tribunales, preguntada por esta cuestión, la ministra de Hacienda y Portavoz, María Jesús Montero, defendió la fortaleza y «cohesión» de un Ejecutivo para «4 años».