No todo el PSOE ha entendido la decisión del Gobierno de plantear ahora una reforma del Código Penal para rebajar el castigo al delito de sedición, por el que están encarcelados nueve de los quince condenados del 'procés', entre ellos, el líder de Esquerra ... Republicana, Oriol Junqueras. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, evidenció este jueves su malestar con una una crítica contundente a este nuevo gesto hacia el secesionismo. «Con los derechos de los españoles y las españolas no se mercadea y con el Código Penal -remarcó- no se puede mercadear».
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El Ejecutivo niega que haya vínculos entre sus planes de reforma y la negociación con Esquerra para «desjudicializar» la resolución del «conflicto político» catalán a cambio de que se facilitara la investidura de Sánchez. Alega que se trata simplemente de «homologar» los tipos españoles a los estándares europeos para no recibir varapalos con las euroordenes en tribunales de países vecinos. Pero García-Page dejó claro que no da por buena esa explicación y, durante un acto en Guadalajara, cargó con extrema dureza contra el presidente del Gobierno.
«Además del Código Penal existen códigos éticos y códigos políticos y no sé cuál sería la tipificación pero sería grave, algún día incluso se podría discutir si llevarlo al penal: la tipificación para el que hace exactamente lo contrario de lo que promete», dijo en alusión a los múltiples mensajes de dureza contra el independentismo que el líder del PSOE lanzó en la campaña para las generales de noviembre pasado. «Eso, que normalmente suele tener una condena electoral, en un momento determinado, en algunos otros países les lleva al sometimiento de juicios, como en Estados Unidos -en alusión al 'impeachment' contra Donald Trump-. Nosotros no vamos tan lejos, nosotros vamos a las cosas de comer y a lo concreto».
Antes de ganar la moción de censura a Mariano Rajoy gracias a ERC y el PDeCAT, entre otros, Sánchez aseguró que no tenía dudas de que lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017 había sido una rebelión y defendió que, para evitar que en el futuro pudiera haber dudas al respecto, habría que modificar la redacción de ese delito para adaptarlo al siglo XXI porque estaba concebido para asonadas militares como las del XIX. Una vez en la Moncloa, la propuesta se metió en un cajón.
Ahora ha pasado algo similar. En el debate de los candidatos para los últimos comicios, el líder del PSOE prometió recuperar el delito de convocatoria de referendos ilegales. Pero desde que revalidó el cargo no ha vuelto a mencionarlo y, en cambio, se propone impulsar por la vía de urgencia, probablemente con una proposición de ley de su partido, la rebaja de las penas por sedición.
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Page ya había expresado con anterioridad sus recelos ante el acercamiento de Sánchez a los secesionistas. El pasado 11 de diciembre, cuando su formación aún negociaba con ERC la abstención en la investidura, dejó caer que esperaba que no hubiera ninguna concesión inasumible con una polémica frase: «Yo para Reyes lo que no quiero es vaselina». Una vez conocido el acuerdo con los republicanos, también emitió un comunicado en el que advirtió de que no podría haber más consultas en las comunidades que las preceptivas por reforma del Estatuto. Pero llegado el momento de la votación en el Congreso, todos los diputados de su federación cumplieron con la disciplina de partido.
En aquellos días, ningún barón socialista le secundó, salvo el aragonés Javier Lambán, y él ha permanecido callado hasta que las noticias sobre la modificación exprés del Código Penal tomaron cuerpo. Todo, además, después de que Junqueras se reafirmara este fin de semana en una entrevista en 'El País' en su actuación de 2017. «No es una cuestión negociable -insistió Page- es una cuestión de alto consenso social que no pueden decidir aquellos que aún hoy siguen diciendo que si pueden volverán a hacer lo mismo».
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El rey Felipe VI presidirá el próximo 3 de febrero, acompañado por la reina Letizia, la solemne sesión de apertura de la XIV Legislatura, que se celebrará en el Congreso a mediodía, con asistencia de los miembros del Gobierno, diputados, senadores y altas instituciones del Estado, un acto que el monarca vivirá por segunda vez desde su proclamación en 2014. A la ceremonia no acudirán los diputados de Esquerra Republicana, EH Bildu, BNG y la CUP.
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