Un tribunal reabre la investigación sobre la contabilidad de Podemos

La investigación fue archivada en octubre pasado por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, con el visto bueno de la Fiscalía. Sin embargo, las acusaciones populares personadas en el procedimiento, el partido Vox y un colectivo de juristas, recurrieron en apelación y ahora la Audiencia les ha dado la razón.

Fue el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, quien sugirió en su denuncia una presunta administración desleal de los fondos de la Caja de Solidaridad por parte del diputado Rafael Mayoral, porque no estarían siendo utilizados para los fines propios para los que se constituyó, sino para pagar a un miembro del partido.

En el auto, el tribunal de la Sección 30 señala que el resultado de las gestiones practicadas por la brigada de la policía judicial adscrita al juzgado «viene a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de un delito». Y añade la Sala que se ha constatado que una asociación, '404 Comunicación Popular', solicitó 50.000 euros a la Caja de Solidaridad del partido y que éste le transfirió 30.000 euros mediante tres transferencias entre octubre de 2019 y junio de 2020.

También destaca la resolució que parte de las personas que están en dicha asociación: José Martínez Coy, Diana Peinado Serrano, Francisco Javier Bermúdez Díaz, Christian Luis Navarro Marrero, Alejandro Zapico Robledo e Irene Elina Lingua son miembros de Podemos, y que alguno de ellos tiene un cargo relevante. Y a esto suma que el partido «no ha facilitado información sobre si concedió la cantidad de 50.000 euros».

Dada la relación de los socios con Podemos, la Sala indica que es razonable pensar que concurre «una vinculación subjetiva encubierta» entre esa asociación y el partido. Algo que podría haber sido usado por la formación «para obviar las limitaciones de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y de la Disposición Adicional Séptima» de la misma ley para operar «al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos».

Además, el tribunal indica que resta por conocer el destino de esas cantidades y las personas que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, algo necesario para determinar la eventual existencia de delito y de sus autores. Y apunta que cualquier otra resolución colocaría a los recurrentes en situación de indefensión por negación de su derecho a la tutela judicial efectiva.