El Gobierno sufrió este miércoles un inesperado revés en la comisión de Presupuestos del Congreso. La oposición logró aprobar, con ayuda de algunos de los habituales aliados del PSOE y Unidas Podemos, una enmienda parcial de Junts per Catalunya por la que se crea un ... fondo extraordinario de 9.362 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan seguir haciendo frente a los gastos derivados de la pandemia de covid-19. El Ejecutivo, sorprendido por su derrota parlamentaria, sostiene ahora que la iniciativa es «inaplicable».
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«Se trata de una enmienda que debería haber sido inadmitida por insuficiencia de crédito y que, en cualquier caso, no es posible instrumentar por varios motivos», alegaron desde el Ministerio de Hacienda. También el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, argumentó que la enmienda presentaba algunos «errores técnicos», como que no coincide el «alta» del nuevo gasto con la «baja» (que se detraería de otra parte del Presupuesto) y que por lo tanto no debería haber sido sometida a votación.
Lo cierto es que el texto de Junts no fue vetado ni por el Ejecutivo, que ha negado el debate de más de mil propuestas de los grupos gracias a la prerrogativa constitucional que le faculta para no considerar aquello que supongan una disminución de ingresos o un aumento de gastos, ni tampoco por los letrados de la Cámara. Y ya en comisión obtuvo el apoyo del PP, Vox, ERC, Cs, EH-Bildu, y Coalición Canaria. Solo el PSOE, UP y el PNV votaron en contra.
La articulación de un nuevo fondo covid que dé continuidad a los aprobados por el Gobierno en 2020 (16.000 millones de euros) y 2021 (13.000 millones) era desde hacía meses una demanda de comunidades autónomas de distinto color político y eso explica ese voto transversal que tanto contrarió a los socialistas. «El PP, que nos acusa de aliarnos con el independentismo, ha aprobado una enmienda de Junts a sabiendas de que contenía errores técnicos. Una vez más, se suma al carro de la oportunidad en vez de al de la responsabilidad», censuró Gómez.
Fuentes de Junts aseguran que, a estas alturas de la tramitación presupuestaria, el Gobierno no tiene ya margen para anular la partida y que lo único que estaría en su mano es no ejecutarla el año próximo, como ocurre cada año con cientos de asuntos incluidos en las Cuentas. Pero esa decisión abriría a Hacienda un nuevo frente con las autonomías, que se suma al de la financiación.
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