Mónica Oltra, imputada por encubrir los abusos de su marido

El ministerio fiscal fue un paso más allá del análisis expositivo del juez. DE hecho, le atribuye un plan prestablecido, dirigido a través de una orden verbal dada su ilegalidad y que pretendía, por un lado, proteger a su exmarido de la causa judicial y, por otro, exculpar a la Conselleria de Igualdad de cualquier responsabilidad de su inacción inicial. La acusación le atribuye la posible comisión de tres delitos: prevarivación, omisión del deber de perseguir delitos y abandono de menor. Este último castigado con pena de prisión.

Se trata de una situación excepcional en la historia judicial valenciana y que sólo encuentra un precedente de similar magnitud, la imputación de Francisco Camps por el caso de los trajes. El exdirigente popular terminó por abandonar su responsabilidad en el Consell, aunque luego fue absuelto por un jurado popular. Nunca recuperó su posición en el PP tras este escándalo judicial.

La declaración como investigada de la vicepresidenta concentrará ya la atención de todos los medios de comunicación. El asunto de Oltra acapara ya la escena nacional y más tras las conversaciones con la ministra Yolanda Díaz por formar parte de esas plataforma a la izquierda del PSOE que se está gestando para las próximas elecciones.

El TSJ pretende aclarar la participación de la consellera en todo el proceso que se desencadenó tras conocerse la denuncia por abusos sexuales. La investigación preliminar en el juzgado de Instrucción 15 apunta a que la menor sufrió una desprotección porque nadie de la conselleria dio nunca credibilidad a la grave denuncia. Esto fue en un primer momento, febrero y marzo de 2017. Sin embargo, cuando la Policía Autonómica conoce, casi por una casualidad, los hechos sí los puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Fue entonces cuando por orden de Oltra, esto lo ha reconocido la vicepresidenta a los medios de comunicación aunque en sus alegaciones ante el TSJ lo niega, se abre un expediente informativo que durante su desarrollo se convierte en una «instrucción parajudicial» que parece enfocada claramente a desacreditar a la víctima.

Tras la imputación de ocho cargos de la Conselleria, entre ellos Rosa Molero, directora general de Infancia, de la máxima confianza de la vicepresidenta. El juez señaló en su día que tras la práctica de las diligencias, solicitud de información y declaraciones en sede judicial, necesitaba que se imputara a Oltra para proseguir con las pesquisas del resto de encausados. Y este es el papel que ha asumido ahora el alto tribunal.

Luis Ramírez Icardi, exmarido de la vicepresidenta pero todavía pareja en el momento de los hechos, fue condenado a cinco años de cárcel por abusar de una menor de 15 años en un centro de protección. El juicio se repitió por orden del TSJ tras hallarse un informe favorable al acusado -el resultado del dosier que dos años antes había encargado la conselleria- que nunca se aportó al procedimiento. En este punto, Fiscalía e Igualdad se culpan mutuamente de la ausencia de este informe en la causa penal.

De nuevo, la Audiencia volvió a condenar al docente y, además, ahora le impuso la agravante de superioridad. El educador, que siempre ha negado las acusaciones, está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo. Ha pedido que se repita el juicio con otro tribunal diferente. Dos frentes que han terminado dando un golpe durísimo -está por ver si definitivo- a la carrera política de la líder de Compromís.