Los nuevos poderes de los 'superfiscales'

El Gobierno ha establecido un periodo de transición de seis años para que el proyecto legal entre en funcionamiento. Pero la fiabilidad de la nueva LeCrim se juega en los próximos doce meses con la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, esto es, el código normativo que regula la actividad de los acusadores públicos. El legislador deberá debatir y aprobar un nuevo marco que dote a los fiscales no solo de mayor autonomía sino también de independencia a la institución. Los profesionales quieren ser parte de la negociación y sus demandas se resumen en los siguientes puntos:

En el marco organizativo proponen atribuirse competencias en materia de régimen administrativo y estatutario. También la posibilidad de disponer de un presupuesto propio, con capacidad de gestión y ejecución, ya que hasta ahora depende de las directrices que marca el Ministerio de Justicia. Una forma de sometimiento al Poder Ejecutivo.

«El modelo debería ser el del Consejo General del Poder Judicial, que cuenta con autonomía presupuestaria. Por ejemplo, si ahora queremos realizar un estudio de prevención de riesgos dependemos del ministerio», explica Cristina Dexeus, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF).

Este refuerzo de la personalidad jurídica de la institución incluye competencias en formación y especialización. Y en el plano normativo, la necesidad de agilizar los criterios para la adjudicación de los asuntos penales y una «mayor calidad» en el reparto. «Se trata de concretar las especialidades para ser más efectivos. Un caso de cibercrimen se puede solapar con uno de violencia de género. Deben quedar claras las fronteras», sostiene Juan Antonio Frago, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Sobre la recurrente crítica a la dependencia jerárquica de la institución, Frago afirma que pese a lo que digan las redes sociales no existe una situación de sometimiento a los jefes. «Existe un visado previsto en un reglamento de 1969, pero solo opera en la fase de acusación, es decir, con el procedimiento muy avanzada», comenta para tranquilizar.

La actual potestad constitucional del Poder Ejecutivo de nombrar al fiscal general, que cesa cuando cae el Gobierno, será uno de los puntos calientes del debate. Los interlocutores coinciden en la necesidad de aprobar un mandato de cinco años como ocurre con el resto de instituciones. «Se trata de sacar de la ecuación el descrédito público que genera esta situación, ya que la apariencia de neutralidad salta por los aires. La idea es que no coincida con el Gobierno que lo propone y no cese cuando éste caiga», afirma Dexeus. «¿Qué ocurre si un fiscal general promueve una acción acusatoria contra el Gobierno, este cae y con él quien le acusa? Esta situación limita de antemano su autonomía desde un punto de vista ético», remacha Frango.

La regulación de las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal general deben basarse en los principios de transparencia y publicidad. Para ello se reclama la transcripción de las mismas en un registro público y la supresión de la posibilidad de que el jefe de la Fiscalía pueda ser llamada a informar ante el Consejo de Ministros, como ocurre ahora.

Dotar al órgano asesor del fiscal general de un carácter vinculante y convertirlo en un contrapeso de sus decisiones. Por ejemplo, la potestad que tiene ahora de nombrar de forma discrecional a altos cargos de la Fiscalía. Unos puestos que después forman parte de la Junta de Fiscales de Sala, responsable de examinar determinadas resoluciones del fiscal general. «Lo razonable es que el Consejo Fiscal, cuyos nueve representantes se eligen de forma abierta entre toda la carrera, tenga voz en la elección de altos cargos para evitar suspicacias», propone Dexeus. Con todo, en los próximos 12 meses se deciden los nuevos poderes de los fiscales.