La mujer de Ignacio González niega que ella y su marido manejaran dinero negro

Cavero ha hechos estas afirmaciones durante su declaración como imputada por un delito de blanqueo de capitales en el caso Lezo, por el que su marido permanece en prisión preventiva desde el 21 de abril, y que se ha prolongado 25 minutos, según fuentes jurídicas.

La esposa del expresidente madrileño ha declarado en una de las piezas de esta causa que permanecen bajo secreto, por lo que solo han estado presentes en la comparecencia su abogado, el juez instructor Manuel García Castellón y el fiscal anticorrupción Carlos Yáñez, al que ha respondido todas las preguntas que le ha formulado.

El interrogatorio se ha centrado en la actividad empresarial de Cavero, exsocia y expresidenta, en ambos casos, en una red de guarderías llamada Chickies y en la casa de subastas Segre, y a este respecto ha explicado que los ingresos en estas sociedades eran a través de los socios y ha negado haber hecho uso de dinero b para financiarse.

La casa de subastas fundada por Cavero puso a la venta el pasado año 110 lotes de relojes, joyas y plumas -una de ellas adjudicada por 18.000 de euros- intervenidos en la operación Púnica a David Marjaliza, exsocio del exconsejero madrileño Francisco Granados, que permaneció dos años y medio en prisión preventiva y que compartió Gobierno con González siendo Esperanza Aguirre presidenta regional.

En la red de guarderías de Cavero también figuran como partícipes dos de sus sobrinas, Rocío y Leticia Bonet Cavero, quienes han sido también citadas este viernes por el juez como imputadas por un delito de blanqueo.

En cuanto a los negocios de su marido, ha manifestado que se encontraba al margen de su actividad y que eran asuntos con los que no hablaba con él, pero ha sostenido que ni ella ni González manejaron dinero b para sus actividades empresariales.

González y su considerado hombre fuerte en Latinoamérica en lo negocios irregulares del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, son los único detenidos en abril en la operación Lezo que permanecen en prisión preventiva por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.