Los Mossos atribuyen a grupos anarquistas la violencia en Barcelona

Miquel Sàmper ha apuntado contra grupos anarquistas, como los presuntos responsables de las algaradas del sábado pasado. En concreto, el consejero ha precisado que hubo catorce detenidos, de los cuales formarían parte del movimiento anarquista cinco personas que son de nacionalidad italiana, uno francés y otro español.

En el marco de esta investigación, los Mossos han llevado este lunes un registro en dos naves ocupadas en Canet de Mar y Mataró (Barcelona), donde los grupos anarquistas tendrían su base de operaciones y donde han sido detenidas cuatro personas más. Los responsables del ataque incendiario a la furgoneta de la policía local barcelonesa podrían enfrentarse a un delito de tentativa de homicidio. Según los Mossos, en las manifestaciones hay diferentes grupos: gente pacífica, «gente que hace barricadas para que los Mossos no se desplacen, gente que quema contenedores y lanzan líquido inflamable, y otros que hacen sabotajes a comercios y posteriores saqueos».

Desde el inicio de los disturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, la Policía catalana ha detenido a 140 personas, 14 de ellas el sábado pasado. «Son personas con un alto nivel de organización, y desde los Mossos se está buscando quién hay detrás y cuáles son las diferentes organizaciones que hay», han apuntado desde la Policía catalana.

Además de grupos anarquistas, el titular de Interior ha apuntado a las juventudes de la CUP, al colectivo Arran, como responsable de alentar la violencia en las manifestaciones. Sàmper ha cargado en la Ser contra Arran, junto con el «comunismo combativo» o las «células anarquistas». El consejero de Interior ha reconocido que días atrás se mordió la lengua y que no había querido cargar las tintas contra los anticapitalistas para no perjudicar la negociación para formar un nuevo gobierno. A su juicio, el «momento álgido» de las protestas «violentas» debería ir a menos.

El caso es que la gravedad de los incidentes del sábado pasado marcan la actualidad política catalana y las negociaciones para formar Govern. Sàmper ha cambiado de estrategia, tras recibir fuertes críticas de los sindicatos de los Mossos, que acusan a la Consejería de Interior de dejarles solos en plena oleada de violencia.

La Policía catalana está asimismo en el centro del debate. La CUP ha anunciado esta mañana un «primer acuerdo» con ERC para que la unidad de antidisturbios de la Brimo no actúe en los desahucios, para decretar una moratoria en el uso de las balas de foam y para que la Generalitat se retire de las acusaciones contra activistas. «Esto lo hemos propuesto a ERC y Junts, y terminamos la semana con una buena predisposición de ERC para aceptarlo. Es una buena manera de poder seguir negociando», ha destacado en TV3. Poco después, Esquerra ha rebajado el alcance y ha apuntado que se trata de un pacto con la CUP sobre las «líneas de trabajo» para estudiar cambios en los Mossos. Al respecto, el consejero de Interior ha señalado que ahora no es el momento de abordar un cambio en la Policía. ERC se ha mostrado esperanzado con que las conversaciones acaben en acuerdo.

Mientras, diferentes organizaciones empresariales preparan para el próximo jueves un acto conjunto de rechazo a la violencia en el que exigirán a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona que ejerzan su autoridad democrática y sus responsabilidades sin complejos para acabar con los incidentes y «la violencia». «Para mantener la cohesión social y los puestos de trabajo es imprescindible acabar con la violencia, la mejor aliada para destruir empleo», según los empresarios.

El Círculo de Economía, en este sentido, ha lamentado en un documento interno la «complicidad» que a su juicio han mostrado miembros del Govern con los violentos. «El Cercle d'Economia condena de manera tajante toda forma de violencia. Hacemos extensiva esta condena a los partidos políticos que, por acción o por omisión, han legitimado el vandalismo», según una nota publicada.

«Hemos constatado con estupefacción como responsables de primer nivel o algunos miembros del Gobierno de la Generalitat, ya sea con el silencio o en algunos casos incluso con complicidad, no han antepuesto como principio fundamental el mantenimiento del orden público, que es un compromiso básico de las instituciones con los ciudadanos. Como sociedad civil no podemos dejar de denunciarlo», ha rematado este lobby empresarial.