Los morados redoblan sus medidas sociales contra la crisis

Desde la semana pasada, los morados tratan de marcar la agenda social y económica del Ejecutivo de coalición en su respuesta a las derivadas del conflicto bélico en el este de Europa. Primero rescataron su propuesta de reforma fiscal, que contempla una subida de impuestos para generar casi 30.000 millones de ingresos extra, y después desplegaron su plan para un nuevo escudo social que, al más puro estilo del activado durante la pandemia, quieren replicar ahora frente a la incertidumbre económica y la creciente inflación, sobre todo en materia energética.

En ese apartado, la formación morada propuso que el Gobierno apruebe un cheque de 300 euros para ayudar a 19 millones de familias con la factura de la luz. A esa medida, sobre la que el sector socialista aún no se ha pronunciado, ahora añade la ampliación del bono social. Se trataría, según fuentes del equipo de Belarra, de «aumentar los beneficiarios y la regulación del principio de precaución para frenar cortes a personas en situación de vulnerabilidad». Además, respecto al real decreto que en octubre recortó los beneficios de las eléctricas, proponen derogar una disposición adicional que «les permitió esconder los beneficios caídos del cielo».

En Podemos también quieren hacer hincapié en la política de vivienda, una parcela en la que ponen dos principales medidas sobre la mesa: que se congele la actualización de las rentas de alquiler durante todo lo que queda de año para evitar así las subidas al mismo ritmo que el IPC y prorrogar el decreto que prohibe los desahucios, al menos «mientras dure esta situación», indican.