La Moncloa redobla la presión por Gibraltar ante el encuentro hoy de May con Juncker en Bruselas

Sánchez lo dijo primero públicamente, en la inauguración del Spain Summit organizado por 'The Economist' en la capital, y se lo comunicó después en privado tanto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como al máximo responsable del Consejo Europeo, Donald Tusk, según confirmaron desde el Gobierno central.

El presidente también tenía prevista una conversación telefónica con Theresa May. La primera ministra británica viaja este miércoles a la capital belga -casi simultáneamente Sánchez estará volando hacia Cuba-, para reunirse con Juncker a las 17.30 horas y preparar la cumbre extraordinaria, lo que significa que se validarán tanto el borrador del acuerdo como la declaración, que sería ya suministrada a las capitales.

La cuestión es que entre el mensaje del mandatario español ante los periodistas y sus llamadas telefónicas, el Ejecutivo comunitario había intentado rebajar la tensión. Pero, evidentemente, no lo logró. «Somos conscientes de las preocupaciones de España», aseguraba su portavoz, Margaritis Schinas, en rueda de prensa desde la capital comunitaria. A continuación, lanzaba el gancho. Recordó que las directrices de negociación del 'Brexit' que pactaron los 27 Estados del club en abril del pasado año ya «establecen» que ningún acuerdo negociado entre la UE y Reino Unido sobre la relación futura «podrá aplicarse a Gibraltar» sin el consentimiento previo de España.

Hasta ahí. Sin más concreción. La Comisión comprende e incluso comparte el parecer de Madrid, aunque lo exponga con un discurso encriptado. ¿Pero cómo se cerrará la brecha? O no se da respuesta o la que se da va igualmente cifrada: «Estamos trabajando estrechamente con todos nuestros Estados miembros, en pleno respeto de las directrices del Consejo». ¿Cuándo? «La aprobación final será el domingo» ¿Y el polémico artículo, quién lo pidió? «Con el proceso (negociador) en marcha no comentamos quién dice qué».

Llegados a este punto, parece difícil que pueda abrirse el melón del Acuerdo de Salida de 585 páginas. En él aparece el controvertido Artículo 184. No estaba antes de que Londres diera su 'ok' la pasada semana a todo el paquete; se incorporó a petición de los británicos -según denunció Borrell- y (esto se ha tomado casi como afrenta) el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, supo de todo ello antes incluso que La Moncloa. El problema de ese artículo no está en lo que dice (abierto y ambigüo, habla de «buena fe» y voluntad en las futuras relaciones a ambos lados del Canal de la Mancha). El problema está en lo que no dice: que Gibraltar debe quedar al margen. Que sobre el Peñón sólo deciden Londres y Madrid.

«Si España se encuentra en una situación como ésta es que alguien en Bruselas no ha hecho bien su trabajo», criticó Sánchez. Un reproche velado al hasta ahora intocable equipo de Michel Barnier, el negociador francés de la UE para el 'Brexit'. A él ya le requirió el lunes Borrell modificar lo pactado con el 10 de Downing Street para incorporar la exigencia española. Pero no está dispuesto a tocar una coma. Hacerlo daría alas a los eurófobos de May, que exigen cambios radicales, y pondría en riesgo un 'contrato' muy delicado, llevado al límite. La pega radica en que la validez jurídica está en el voluminoso pacto y no en la declaración de relación futura, más política.

Por ello Sánchez subrayaba que «si el domingo 25 va el acuerdo de retirada y la declaración política de futuro en los términos que está ahora mismo, España votará que no» ¿Qué dirá hoy Theresa May?