El ministro de Justicia no quiere una guerra abierta con la magistratura, aunque ello le cueste tiranteces dentro del Gobierno de coalición. Juan Carlos Campo en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso ha evitado expresamente respaldar las declaraciones del vicepresidente ... Pablo Iglesias cuando el pasado enero desató una crisis con el Poder Judicial al criticar a los jueces a cuenta del 'procés'.
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Campo, lejos de la posición de Moncloa que en su momento llegó a defender las palabras de Iglesias por ser un ejercicio de «libertad de expresión, ha apuntado más a la disculpa, aunque sin pedir perdón por las declaraciones del vicepresidente cuando en una entrevista televisiva afirmó que «la vía judicial está haciendo mucho daño a la imagen de España en Europa», al tiempo que recordó la «humillación» por el hecho de que «muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces».
«Somos un gobierno de coalición. Es todo un logro y reto. Hay y habrá discrepancias, malos entendidos y equivocaciones», ha admitido Campo, en su comparecencia para informar de las líneas maestras de su departamento y de la crisis abierta con el Poder Judicial solo dos días después de la toma de posesión del Ejecutivo de coalición.
Tras entornar esa suerte de 'mea curpa', el ministro ha cargado contra la oposición por la insistencia en llevar al Parlamento el incidente con la judicatura. «Si van ustedes a pedir por comparecencias por opiniones discordantes, vamos a perder mucho tiempo y mucho dinero para la ciudadanía», ha apuntado el titular de Justicia. «Seamos serios y proporcionados», ha insistido antes de afirmar que, no obstante, respeta la «sana crítica y el control al gobierno» en la cámara baja.
El pasado 15 de enero, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó, tras las declaraciones de Iglesias, una declaración institucional en la que pidió al vicepresidente «moderación, prudencia y mesura» para «evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial». Ese día, el Gobierno salió en defensa de Iglesias con un breve comunicado en el que defendió «la libertad de expresión y el derecho a la crítica» del vicepresidente a los jueces, al tiempo que reclamó el valor del «diálogo».
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