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Martes, 22 de noviembre 2022, 15:52
Borràs, sí, pero Jové y Salvadó, no. La Mesa del Parlament ha acordado este lunes, por mayoría, que «no se da el supuesto de hecho habilitante» para aplicar el artículo 25.4 del reglamento del hemiciclo a los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó ( ... ERC) y, por tanto, ha rechazado la petición de Vox, que pedía la suspensión de los derechos y deberes de estos dos parlamentarios.
El escrito presentado por el grupo de Vox llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abriera el viernes pasado juicio oral a Jové y a Salvadó por los preparativos del 1 de octubre de 2017. Ambos están procesados por los delitos de malversación y prevaricación en la organización del referéndum ilegal, cuando formaban parte del equipo de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía y en la Vicepresidencia de la Generalitat. El escrito de la formación de la extrema derecha solicitaba la aplicación del artículo 25.4, sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarios en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción. Los miembros de ERC, Junts y la CUP en la Mesa han votado en contra de aplicar este punto de reglamento a los dos diputados republicanos y los del PSC se han abstenido. La iniciativa de Vox no ha salido adelante.
Este artículo, impulsado por la CUP en 2017, insta a la Cámara a suspender a los diputados a los que se les abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción. Fue el caso de Laura Borràs, procesada por prevaricación y falsedad, por la causa de los supuestos contratos irregulares adjudicados a dedo durante su etapa al frente de la institución de las letras catalanas. Cuando el juez decretó su procesamiento, la Mesa votó su suspensión como diputada y fue apartada de la Presidencia de la Cámara catalana.
Laura Borràs afirmó el viernes pasado que el mismo artículo que le hizo dar un paso al lado debía aplicarse a Jové y Salvadó. Su partido la desautorizó ayer, después de que ERC acusara a la expresidenta del Parlament de «perder la cabeza» al insinuar que el delito de malversación por los preparativos del 1-O podía ser considerado como corrupción. Junts decidió ayer en su ejecutiva no invocar el caso Borràs y elevar el caso a la Mesa. No obstante, quien lo ha hecho al final es Vox y Ciudadanos también lo propone.
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