El Congreso rechaza por quinta vez investigar al rey emérito

De las dos solicitudes no admitidas, la primera había sido presentada por Unidas Podemos, socio de Gobierno de los socialistas, y se centraba en el uso de las tarjetas de crédito opacas por parte de don Juan Carlos. La segunda corría a cargo de los grupos Republicano, Plural y EH Bildu y tenía como objetivo investigar las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real. Ambas llegaron a la Mesa del Congreso tras conocerse la semana pasada que el emérito había pagado a Hacienda 678.393 euros para regularizar su situación fiscal.

En un momento político marcado por la tensión que genera en la coalición el incipiente debate sobre la monarquía, el rechazado a estas iniciativas causó indignación en el grupo parlamentario de Unidas Podemos, pese a que ya estaba previsto. El secretario primero de la Mesa y diputado de la formación morada, Gerardo Pisarello, llegó a denunciar en la rueda de prensa posterior que la negativa de la Cámara «supone reírse en la cara de la ciudadanía, como si viviéramos en una monarquía saudí».

Una cuestión a la que volvieron a restar importancia desde el PSOE. El secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, explicó más tarde que su partido «siempre ha considerado que el Parlamento tiene unas funciones tasadas y entre ellas no está controlar al jefe del Estado». Un argumento que, en esta ocasión, sí han compartido con el PP. «Desde el punto de vista constitucional no ha lugar a esa comisión», zanjó la portavoz popular, Cuca Gamarra.

Según el informe de los servicios jurídicos del Congreso, «no procede» tramitar las comisión teniendo en cuenta «la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y especialmente los dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución». El primero de ellos, recuerdan los letrados, establece las prerrogativas de «inviolabilidad» y de no sujeción a responsabilidad del Rey y recalcan que éstas son «absolutas, abarcan la totalidad del periodo en el que se ejerce la Jefatura del Estado» y «tienen efectos jurídicos permanentes».

Los morados sostienen, por contra, que las investigaciones recientes se plantean sobre un periodo que oscila entre los años 2016 y 2018, después de que Juan Carlos I ya hubieran abdicado, y ahora estudian registrar de nuevo la misma comisión, para forzar que los letrados del Congreso se posicionen sobre esta cuestión, como avanzó el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

En ese sentido, Más País y Compromís han vuelto a registrar en el Congreso una proposición de ley para delimitar la inviolabilidad del Rey acotando los actos que realiza como Jefe del Estado y diferenciándolos de los que hace como persona privada. Iniciativa que ya fue vetada por la Mesa del Congreso hace unos meses. En aquella ocasión PSOE, PP y Vox argumentando que, al estar la cuestión fijada en la Constitución, debía presentarse una proposición de reforma constitucional para modificarla.