Un mes endiablado para el Gobierno en los tribunales

El Gobierno no logra encontrar hueco para retomar impulso porque los tribunales lo copan todo y lo van a seguir haciendo sin ni siquiera tregua navideña. Casi un mes endiablado de citaciones judiciales de las causas que más daño están provocando a la imagen del Ejecutivo va a dificultar sobremanera a Pedro Sánchez y a los suyos.

Ocho citaciones, en tres tribunales y por cuatro causas distintas ('Begoña Gómez', 'David Sánchez', 'fiscal general' y, sobre todo, 'Abalos-Koldo'), revientan cualquier estrategia de Moncloa de recobrar a corto plazo la iniciativa. Ocho citaciones que, en realidad, han acabado siendo nueve si tiene en cuenta la del pasado jueves 12 de diciembre en el Supremo a José Luis Ábalos, que el exministro trató de aplazar y que el juez, finalmente, dejó en su fecha inicial.

Victor de Aldama declara por primera vez ante el Supremo, después de que el alto tribunal haya asumido el grueso del 'caso Ábalos-Koldo'. El empresario salió de prisión el pasado 21 de noviembre tras su larga confesión en la que apuntó, entre otros, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; al secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán; el jefe de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero; o a la hoy comisaria europea Teresa Ribera. Desde entonces, ha ido soltando píldoras y nuevas acusaciones en intervenciones ante los medios y en un escrito enviado al Supremo.

El conseguidor, cuya libertad pende de un hilo, sabe que debe seguir tirando de la manta, y que el nuevo instructor puede mandarle de vuelta a la cárcel como no empiece a aportar pruebas contundentes en breve, cosa que hasta el momento sigue sin hacer. Nadie descarta una nueva andanada de De Aldama en su estreno ante el Supremo, el cual se producirá, además, horas después de que Santiago Pedraz, el juez del 'caso hidrocarburos' por el que el empresario fue encarcelado, levante el secreto del sumario de esta otra causa. Una bomba de relojería con dos espoletas.

La primera comparecencia también ante el Supremo del que fuera mano derecha de Ábalos está marcada por la incógnita. Desde que comenzó este caso, Koldo García ha intentado mantener un perfil bajo para no incriminarse aún más de lo que ya lo hacen los abundantes documentos que le apuntan y no ha cargado en ningún momento contra el PSOE. Sin embargo, las ráfagas de De Aldama en los últimos días le han hecho romper su silencio. Su paseíllo por la plaza de la Villa de París en la segunda jornada de declaraciones de los imputados por la trama que salpica a los socialistas alargará el calvario mediático al margen de si se acoge a su derecho a no declarar.

Salvo sorpresa mayúscula, Begoña Gómez no va a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, que la ha citado a fin de notificarle en persona que, al margen de los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, le imputa ahora también apropiación indebida e intrusismo profesional por el uso del 'software' de la Universidad Complutense. Esta nueva cita en los juzgados de Plaza de Castilla se espera tan mediática como las anteriores (el 5 y el 19 de julio), con un despliegue que volverá a centrar durante días el foco en la mujer del presidente, a pesar de los intentos fallidos de Sánchez por acabar con estas diligencias previas que desde abril se han convertido en un quebradero de cabeza para él y para el Gobierno.

El presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School desde 2010 y exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Juan José Güemes, declara como imputado por ordenar la contratación de la mujer de Pedro Sánchez como directora del África Center, dependiente del IE, al poco de la llegada de éste al Gobierno en junio de 2018. Sobre su citación y posible testimonio planea la sombra del enchufismo a favor de la esposa del presidente desde el mismo momento en que Sánchez desembarcó en La Moncloa.

La declaración de María Cristina Álvarez va a constituir otro de los hitos más delicados para el Gobierno en este mes judicial. La alto cargo de Moncloa que -según los mails incorporados al 'caso Begoña Gómez se ocupaba de gestionar el día a día de la cátedra extraordinaria que dirigía la mujer de Pedro Sánchez en la Complutense- encarna un peligro potencial para los intereses del Gobierno. Comparece ante el juez Peinado como testigo –y por tanto con obligación de declarar y decir verdad-, por lo que tendrá que revelar quién le ordenó trabajar para las tareas privadas de Gómez; una circunstancia que podría derivar en un delito de malversación a sumar a la lista de presuntos ilícitos. Si sus respuestas son esquivas, todo apunta a que al magistrado, como en otras ocasiones, no le temblará el pulso para imputarla sobre la marcha.

El Gobierno cree que la citación de Miguel Ángel Rodríguez -MAR, en círculos políticos y periodísticos- en la causa por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso y por la que está imputado el fiscal general del Estado va a permitir poner el foco en «el bulo» que el asesor de la presidenta de Madrid lanzó al anochecer del pasado 13 de marzo (que la propuesta de pacto entre Alberto González Amador y la Fiscalía partía de ésta). Esperan incluso que borre la polémica por la forzosa dimisión del líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, que registró ante notario una comprometedora conversación por Whatsapp sobre la filtración con la jefe de Gabinete del, a su vez entonces, jefe de Gabinete del presidente Sánchez, el hoy ministro Óscar López.

Sin embargo, en el Supremo recuerdan que no es la versión tergiversada de MAR lo que se investiga en esta causa, negando además que sea delito de un político intente intoxicar a la prensa, sino la divulgación del correo con información de la pareja de Ayuso. Sea como fuere, en el PSOE y en el Gobierno contienen la respiración porque esta causa salpica a la mencionada asesora, Pilar López Acera, porque fue ella quien filtró a Lobato el mail con los datos confidenciales antes de que apareciera íntegramente en 'El plural'. El instructor, Ángel Hurtado, por ahora no la ha citado a declarar, pero es cuestión de tiempo.

El mes de vía crucis judicial para Sánchez y el Gobierno tendrá su guinda con la declaración como investigado del hermano del presidente ante Beatriz Biedma, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Se desconoce si el músico, que se hace llamar profesionalmente David Azagra, guardará silencio o se avendrá a declarar después de que la juez haya encontrado «indicios racionales de criminalidad relativos a los delitos contra la Administración pública» en la contratación del familiar del presidente por la Diputación pacense para dirigir los conservatorios de la ciudad. Las pruebas contra Azagra no son, ni mucho menos, definitivas. La UCO ha certificado que el puesto del hermano de Sánchez se creó sobre la marcha y sin ninguna necesidad real, pero no sabe quién dio la orden. En cualquier caso, la mañana del día 9 compondrá otra imagen espinosa para los intereses del Ejecutivo.

El líder de los socialistas extremeños y presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, también declarará como imputado por la contratación de Azagra, como lo harán asimismo en esas fechas otras siete personas (cargos y exaltos cargos de la Administración provincial). El barón territorial, que encabezaba la institución cuando ésta contrató al hermano del presidente y que tiempo después se impuso a la candidata de Ferraz en las primarias a la secretaría general del partido en Extremadura, está imputado por «delitos contra la Administración pública». Otra rémora en un mes de pesadilla judicial para los socialistas.

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