Sesión de trabajo de la subcomisión parlamentaria que negoció el Pacto contra la Violencia de Género en 2017. EFE

Media docena de pactos de Estado en 43 años

Solo se han firmado ante graves circunstancias económicas y políticas o por la existencia de una fuerte presión social

Lunes, 20 de abril 2020, 00:39

Pedro Sánchez pretende un pacto de Estado para la reconstrucción económica y social de España ante la pandemia de la Covid-19, pero los antecedentes apuntan a que no va a ser fácil. Los acuerdos de Estado no son moneda corriente en España. Desde ... la Transición se han sellado apenas media docena. Los de la Moncloa, el de la Constitución, los autonómicos, los antiterroristas, el de Toledo, y el de la Violencia de Género. Se rubricó también en 2001 otro por Justicia pero fue un abrazo al viento. En el camino se han quedado asimismo dos grandes asuntos, la Educación y la Sanidad, muchas veces enunciados y nunca materializados.

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Los acuerdos que han visto la luz en estas cuatro décadas fueron la respuesta de los partidos a potentes demandas sociales o a graves circunstancias económicas y políticas. En este momento también existe un clamor ciudadano a favor de la unidad de los partidos, pero el tablero político es un campo de minas.

Los acuerdos de Estado que se fraguaron tras la dictadura venían engrasados porque entonces el consenso estaba por encima de otras consideraciones. Pero con los años la cultura del pacto languideció, dejó de formar parte de la liturgia de los partidos y pasaron de considerarse un éxito a verse como muestra de debilidad. Esta forma de entender la política explica en buena medida la escasez de los acuerdos.

Pactos de la Moncloa. Casi todos los partidos del arco parlamentario firmaron el 25 y 26 de octubre de 1977 un acuerdo político y otro socioeconómico que sentaron las bases del consenso constitucional y evitaron la bancarrota del país. Fueron impulsados desde el Gobierno por Adolfo Suárez, y contaron con el respaldo del PSOE, PCE y nacionalistas vascos y catalanes, así como de las centrales sindicales y la patronal CEOE.

La Constitución. No existió un pacto escrito, fue un espíritu de entendimiento entre derecha e izquierda, nacionalistas y no nacionalistas para dotar a España de un texto que no fuera de parte y en el que todos pudieran reconocerse. La ponencia se reunió por primera vez el 1 de agosto de 1977 y culminó su trabajo el 17 de abril de 1978. Estuvieron representados en ella UCD, PSOE, PCE, AP y la Minoría Catalana, que, en teoría, defendía las tesis del PNV. La Constitución fue aprobada por las Cortes en julio y agosto, y legitimada en referéndum el 6 de diciembre de 1978.

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Pactos autonómicos. Hubo dos. En 1981, poco después del 23-F, UCD y PSOE se pusieron de acuerdo para «armonizar» el desarrollo de las comunidades. Establecieron dos categorías, las autonomías llamadas de de vía lenta y que accedieron al autogobierno a través del artículo 143 de la Constitución, y las de vía rápida que se acogieron al 151. En 1992, los socialistas y el PP firmaron otro para acercar las competencias de las de vía lenta a las de vía rápida, con el traspaso a las primeras de la Educación como medida estrella.

Pactos antiterroristas. El primero fue rubricado el 5 de noviembre de 1987 en Madrid por la práctica totalidad de las fuerzas políticas. Fue promovido por el Gobierno de Felipe González para hacer frente a la peor época de ETA. Solo dos meses después, el 12 de enero de 1988, todos los partidos vascos, salvo Herri Batasuna, firmaron el Pacto de Ajuria Enea, considerado la piedra angular para acabar con el terrorismo etarra, fue impulsado por el lehendakari José Antonio Ardanza. El 8 de diciembre de 2000, PP y PSOE firmaron el Acuerdo para las Libertades y Contra el Terrorismo. Propuesto por el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, encontró resistencias del Gobierno de José María Aznar, pero hubo acuerdo en torno a un documento que pretendía sellar la unidad de los demócratas.

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Tras los atentados yihadistas de enero de 2015 en París, los dos partidos mayoritarios suscribieron el 2 de febrero de ese año un acuerdo contra el terrorismo islamista radical, que ni nacionalistas vascos ni catalanes ni Unidas Podemos quisieron firmar.

Pacto de Toledo. Las fuerzas políticas acordaron en una reunión en el parador de la capital castellano-manchega que debían llegar a un entendimiento para excluir del debate político el sistema de protección social y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Se creó en el Congreso una comisión que redactó un documento aprobado el 6 de abril de 1995, que estableció el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de acuerdo a la inflación y creó el Fondo de Reserva (la hucha) de la Seguridad Social.

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Pacto contra la Violencia de Género. Así se denominó la aprobación por el Congreso de un documento con 213 medidas elaborado durante seis meses por una subcomisión. Fue respaldado por todas las fuerzas políticas, salvo Unidas Podemos, que se abstuvo.

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