Dos casos casi idénticos que siguen un camino judicial paralelo. La instructora que investiga el máster de Cristina Cifuentes, por el que está imputada la expresidenta madrileña, ha seguido los mismos pasos con el posgrado de Pablo Casado. Tras reunir indicios de que al nuevo ... presidente del PP le regalaron el título por su posición política, Carmen Rodríguez-Medel elevó el lunes la causa al Supremo, el único tribunal que puede citarle por su condición de aforado. La jueza, que aprecia supuestos delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio, tiene muchas dudas sobre los trabajos que Casado asegura que presentó para ser calificado. En la investigación de la denominada 'Pieza C', ya hay seis imputados.
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Es el principal imputado del caso del máster de Cristina Cifuentes, director ya depuesto del Instituto de Derecho Público (IDP) y responsable también del posgrado de Pablo Casado. La jueza le sitúa como «el urdidor» del entramado en el «que todos ganaban» y que culminó con el regalo del título a «un grupo escogido de alumnos», entre ellos, el actual líder del PP. El catedrático, a su vez, se garantizaba los ingresos económicos derivados de la «supervivencia» del posgrado -si había pocos estudiantes, se suspendía-, gestaba un «clima favorable en cuanto a sus relaciones políticas» y aumentaba el prestigio del IDP, en el que tenía un «poder absoluto» con la presencia de perfiles relevantes de la esfera política e institucional.
Es la secretaria del IDP y quien terminó por confesar que desde este centro se había fabricado una coartada para la expresidenta madrileña. Esta «discípula» de Álvarez Conde, sobre la que ejerce una «autoridad incuestionable», calificó a los alumnos «escogidos» y les puso sobresaliente, incluso a una de las estudiantes que reconoció ante la instructora «no haber hecho nada». En su declaración, la docente dijo no recordar ningún detalle de ese máster que realizó en el curso 2008-2009 Casado, ni si éste acudió o no a las clases. Tampoco aportó trabajos ni correos que evidenciaran la existencia de actividad académica de los alumnos a los que calificó. «Esta opción dificulta entender que su actuación estuviera regida por un miedo insuperable», opina la jueza.
Fue el profesor del máster de Cifuentes que pidió que se cambiara la nota de una de sus asignaturas dos años después. María Mateo, una de las alumnas investigadas, le señala como el docente que la aprobó una de las asignaturas que cursó sin apenas acudir a la Universidad. El catedrático lo niega y asegura que ni siquiera dio clase en el máster durante el citado curso académico.
Fue becaria de investigación de Álvarez Conde, y hasta 2014 trabajó en el IDP, impartiendo clases o realizando labores administrativas. Fue despedida tras una baja maternal. En su declaración, la compañera de Casado alegó que fue el propio catedrático quien la animó a cursar el posgrado como un medio para hacer después el doctorado y también quien la eximió de ir a clase y de entregar los correspondientes trabajos. Reconoció también que «recogió el título sin haber hecho nada para merecerlo». La jueza considera su relato crucial y pide que se le aplique la atenuante de confesión tardía.
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Es hija de una exasesora de la expresidenta madrileña. Decidió matricularse en el curso por la relación profesional de su madre con Álvarez Conde. Sostiene que fue a clase, pero los alumnos no la recuerdan. Una de estos estudiantes confirmó ante la jueza que tomó nota de todos los que asistían y Mateo no estaba en el listado. También asegura que elaboró trabajos, pero no tiene ningún correo electrónico ni archivo informático que lo acredite.
Fue subsecretaria de la Consejería de Educación de la Generalitat valenciana, bajo la presidencia de Francisco Camps. Reconoció ante la magistrada que no fue a clase porque vivía en Valencia pero sí redactó los trabajos y los envió por fax o mensajero; incluso uno de ellos se entregó en mano al propio Álvarez Conde. Al igual que Mateo no conserva ninguno de los trabajos. Tampoco la Rey Juan Carlos, aunque sí consta que recogió su título. Según Rodríguez-Medel, «nada académico hizo para obtener el máster oficial, se le concedió como un regalo por ser un alto cargo valenciano».
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El antiguo rector de la URJC, conocido por abandonar el cargo tras el escándalo de los plagios, fue quien firmó el acta de convalidaciones de Casado. Explicó que su participación en ese proceso fue un mero trámite y que el verdadero responsable de autorizar las equivalencias era el director del IDP aunque defendió que se respetó escrupulosamente la normativa de 2005, tal y como corroboran otros profesores y un informe de la ANECA. La magistrada le ha retirado la imputación al entender «que no hay indicios de actuar delictivo».
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