Anticorrupción quiere tomárselo con mucha calma a pesar de que toda la oposición (PSOE, Más País y Unidas Podemos) ha metido presión con unas demandas de un asunto que, en cualquier caso, se conocían desde el pasado año. En la Fiscalía, pese al giro dado ... ayer por Génova, quieren analizar las denuncias en profundidad en busca de datos que puedan avalar dar un paso que consideran «peliagudo»: pedir a un juez que abra una investigación para reclamarle acto seguido acceso a las cuentas y movimientos fiscales de personas físicas y entidades jurídicas, ajenas a la administración pública. En particular de Tomás Díaz Ayuso, de la sociedad Priviet Sportive y de su director y amigo de la familia Ayuso, Daniel Alcanzar.
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En Anticorrupción tienen claro que de haber indicios para investigar un supuesto 'caso mascarillas', algo que todavía tienen que analizar detenidamente, la investigación «forzosamente» tendría que pasar por recabar en primer lugar las cuatro facturas que el hermano de Ayuso giró en 2020 contra Priviet. La presidenta de la Comunidad de Madrid solo ha desvelado que su familiar emitió el 30 de junio de 2020 una factura de 55.850 euros más IVA contra la empresa de su amigo por las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid. Sobre las otras tres facturas ha guardado silencio absoluto porque, arguye, no tienen relación con la Comunidad de Madrid.
En Fiscalía, a falta de analizar el contenido de las tres demandas de la oposición, consideran que las pesquisas, de comenzar, deberían centrarse en conocer cuáles fueron «exactamente» las «contrasprestaciones» por las que Tomás Díaz Ayuso recibió ese dinero de esa primera factura y si efectivamente ese trabajo se realizó. Responsables del Ministerio Público dan por hecho que si la presidenta ha desvelado la existencia de esas cuatros facturas éstas habrán sido declaradas a Hacienda.
Harina de otro costal, explican, es que llegado el caso el hermano de la jefa del Ejecutivo autonómico, curtido en los mercados internacional de material sanitario y de suministros de iluminación, pueda demostrar que efectivamente se 'rebajó' a trabajar para una empresa textil sin relación con su especialidad y que no recibió ese dinero –que fuentes de Génova cifran en 286.000 euros)– como pago todavía por su relación con la compra de mascarillas.
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