La Justicia ordena paralizar la devolución de un grupo de menores a Marruecos

Los beneficiarios fueron un grupo de doce jóvenes que estaban a punto de ser trasladados, aunque finalmente solo se consiguió evitar la salida del país de nueve de ellos, ya que los otros tres habían sido entregados ya a las autoridades marroquíes. En su auto, la juez recuerda que «la legislación española solo permite la devolución de mayores de edad que se encuentren ilegalmente en nuestro país, sin la tramitación del correspondiente expediente administrativo, cuando se trate de extranjeros que ya hubieran sido expulsados y contravengan la prohibición de entrada en España y a aquellos que pretendan entrar ilegalmente en el país».

Un varapalo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que por la mañana defendió en varias entrevistas la «legalidad total» del operativo. Este había generado muchas dudas a lo largo de todo el fin de semana, sobre todo tras la investigación abierta por la Fiscalía y las quejas del Defensor del Pueblo. Desde dentro del propio Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mostró su enfado en privado a varios ministros socialistas y exigió a Pedro Sánchez que detuvieran «inmediatamente» estas repatriaciones, una petición que, como aseguran fuentes moradas, no ha tenido respuesta por parte del presidente.

Interior, mientras tanto ya ha entregado a las autoridades marroquíes desde el viernes a 45 adolescentes y su objetivo es continuar con el plan.El protocolo es el mismo en todos los casos, agentes de la Policía Local acuden al polideportivo Santa Amelia, uno de los recintos de la ciudad autónoma en los que se encuentran acogidos los adolescentes, y en grupos de 15 los suben a un microbús desde el que son entregados en el punto fronterizo de El Tarajal por parte de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que este procedimiento que se basa en un acuerdo con Marruecos firmado en 2007 y actualizado cinco años más tarde.

El ministro utilizó los mismos argumentos que trasladó el miércoles pasado, en una carta, a la Delegación de Gobierno en Ceuta para poner en marcha a operación. Para Marlaska no se trata de devoluciones sino de «retornos asistidos», un concepto basado, en su opinión, en el «interés superior del menor» que «no tiene arraigo en España». Además, especificó, «en ningún caso» se está deportando a jóvenes en situación vulnerable y que todas las salidas son voluntarias. «Es un número que facilita un estudio pormenorizado de cada caso. Se busca la reagrupación familiar, con el interés del menor por delante», sostuvo.

Lo cierto, sin embargo, es que ya se han producido fugas de varios adolescentes del polideportivo Santa Amelia, uno de los recintos que la ciudad autónoma utiliza como centro de acogida, algo que demostraría las reticencias y falta de voluntad de algunos menores a regresar a su países. Desde algunas ONG como Save The Children o Amnistía Internacional sostienen que los traslados se están produciendo «de forma arbitraria», y tratan también de paralizarlos de forma cautelar a base de denuncias en los juzgados de Ceuta. La Fiscalía, por su parte, ya pidió a Interior información «caso por caso».

Pero Marlaska reitera que ya avisó del dispositivo al órgano, también al Ministerio de Derechos Sociales, que controla la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Algo que desmienten a este periódico fuentes cercanas a dicha cartera, que señalan que «por ningún medio y en ningún momento» se ha puesto en contacto con ellos desde Interior. La líder morada envió una misiva el pasado viernes en la que mostraba su preocupación la situación y lamentaba que no se hubieran tenido en cuenta sus propuestas alternativas a la repatriación.

La polémica ha abierto un nuevo frente de discrepancias a poco menos de dos semanas para el inicio del curso político y el regreso a la negociaciones por los Presupuestos de 2022. El asunto se suma a la discusión por el precio de la electricidad, por lo que ambos partidos volverán con las espadas en alto después de un periodo de relativa calma propiciado por la transición de los morados tras el adiós de Pablo Iglesias a la política en mayo.