Marlaska ya tiene quien destruya las plantas de maría

Ante esta problemática urgente y a la vista de que las incautaciones en 2022 continúan a un ritmo de vértigo, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) ha decidido por primera vez en la historia de la lucha contra el narcotráfico 'externalizar' la destrucción de las plantas de cannabis confiscadas. Desde este 1 de junio cuatro grandes empresas de jardinería han comenzado a arrancar y, a veces, a quemar 'in situ' las matas de marihuana. Los contratos, a los que ha tenido acceso este periódico, tienen un valor de 163.350 euros, IVA incluido, para los siete meses que restan de año.

El Ministerio del Interior ha decidido adjudicar cuatro lotes diferentes coincidentes con los cuatro puntos neurálgicos del cultivo de marihuana en el país para evitar los traslados de las plantas en largas distancia. El primer contratos es para cubrir la provincia de Granada, que se ha convertido en la gran productora de la Península (con un concurso para la destrucción de plantas de más 60.500 euros) ; el segundo, para las provincias de Almería y Murcia (una adjudicación de 42.350 euros); Madrid y las provincias limítrofes (24.200) residencian el tercer lote; y la destrucción de las plantas por toda Cataluña compone el último contrato (36.600). Según los cálculos del Citco, con esa ayuda los agentes sí que serán capaces de destruir el sobrante de las incautaciones en el resto de España.

La memoria justificativa de estos contratos y los documentos oficiales que defienden la necesidad de externalizar la destrucción de las plantas en esos cuatro focos dan cuenta de la envergadura del problema. «El desmantelamiento de grandes plantaciones de marihuana es uno de los principales problemas logísticos a los que se enfrentan en la actualidad las fuerzas de seguridad», reconocen sin ambages los documentos de Interior, que son los que insisten en que «este tipo de cultivos ilegales está creciendo de forma exponencial» con «datos provisionales» para 2021 de los tres millones ya citados de plantas intervenidas.

«En el caso de pequeñas plantaciones, son los propios agentes los encargados de desmantelarlas. Pero en el caso de las grandes se ven imposibilitados para desarrollar dicha actividad, dado que además de no estar preparados ni disponer de la maquinaria necesaria, (la destrucción de plantas) absorbería el tiempo de las plantillas policiales en detrimento de la realización de los servicios de seguridad asignados legalmente», explica el Citco, a la hora de justificar el hecho inédito de tener que recurrir al «sector privado».

Interior es consciente de que estos contratos son muy orientativos y que existen muchísimas variables. Ha fijado un sueldo de 25 euros la hora para los «mozos», una tarifa con la que quizás no se llegue para destruir todas las plantas, cuyo número exacto en el futuro no se puede anticipar. Además, «el número de plantas no sirve para el cálculo del coste debido a la disparidad en el crecimiento vegetativo, encontrándose desde plantones de escasos centímetros a verdaderos árboles de cerca de dos metros», explican los informes del Citco, que insisten en que los trabajos pueden obligar a actuar tanto en «zonas de fácil acceso» como en «otras muy dificultosas como barrancos o montes sin caminos transitables», al margen de la «enorme peligrosidad» de la destrucción en invernaderos.

Y más incógnitas para los jardineros. «Por lo que respecta a los trabajos tampoco existe una homogeneidad al respecto, dado que depende de las instrucciones concretas que en cada caso imparta la autoridad judicial», reconoce Interior. El ministerio explica que la orden puede ser simplemente el «arrancado y traslado a vertedero sin trituración» o «la custodia» con previa «trituración y ensacado para evitar la putrefacción» de las plantas.