Marlaska ordena controles «fijos y móviles» para impedir las salidas no justificadas

Marlaska ordena «dispositivos de seguridad, fijos y móviles, tanto en las vías y espacios públicos como en la red de transporte» para interceptar a posibles infractores, especialmente en «aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se puedan ver afectados por las restricciones que se acuerden».

En todo caso, aclara el ministro, se tendrá en cuanta la necesidad de garantizar que los ciudadanos «puedan acceder a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos en caso necesario», así como la de permitir» la movilidad del personal perteneciente a entidades dedicadas a la prestación de servicios esenciales o al abastecimiento y distribución de bienes y servicios de primera necesidad».

El ministerio deja claro que las policías serán un eje central en el cumplimento de «las medidas restrictivas en relación con la actividad comercial, apertura de establecimientos y actos de culto».

Esta misma madrugada, antes de que los gobiernos vasco y catalán hayan podido siquiera terminar de digerir el real decreto del estado de alarma que recorta sus competencias de seguridad por la pandemia del coronavirus, el ministro, en esa misma orden, crea un Centro de Coordinación Operativa (CCO) para poner inmediatamente bajo el mando del Gobierno a los 17.000 mossos d'esquadra, a los más de 7.000 ertzainas y al millar de forales, amén de los 70.000 policías locales y 80.000 agentes de seguridad privada. Ese centro, obviamente, también coordinará a los 169.000 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Según la orden firmada a última hora de la noche del sábado por el titular de Interior, este CCO, que se convierte en el órgano con más funcionarios a su cargo de todo el Estado con 350.000 personas, será el que asegure «una transmisión permanente y continúa de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean estatales, autonómicas o locales, tanto para la difusión de órdenes y directrices de actuación como para la recepción y seguimiento de las novedades que se produzcan».

Las instrucciones de Marlaska recuerdan que el real decreto ha establecido que todas las fuerzas policiales, incluidas las policías locales y autonómicas quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior para «la protección de personas, bienes y lugares» y destaca la necesidad de que «en todos los dispositivos de seguridad se potenciará la colaboración y coordinación entre los cuerpos policiales con competencia en cada ámbito territorial».

A lo largo de la orden, el ministro del Interior deja claro la absoluta prioridad es poner a disposición de los profesionales y de la labor sanitaria las capacidades de todos los cuerpos policiales, particularmente en las «situaciones en las que dicho auxilio sea necesario para que pueda prestarse asistencia sanitaria urgente a las personas que lo precisen».

Las instrucciones son tajantes en lo que se refiere a los hospitales y otros centros relacionados con la sanidad: «se reforzarán las medidas policiales de seguridad tendentes a garantizar el normal funcionamiento de centros sanitarios». Este refuerzo también se aplicará «en establecimientos de elaboración, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos o sanitarios». «Cuando resulte necesario en atención a las circunstancias, se apoyarán los desplazamientos de los servicios sanitarios o de emergencias», señala asimismo la resolución.

La orden aborda asimismo otros ámbitos de actuación de las fuerzas y cuerpo durante este estado de alerta. Los agentes, por ejemplo, deberán prestar su apoyo «a las medidas destinadas a garantizar el suministro alimentario, y de otros bienes y servicios» .Señala también, entre otros elementos, que «se reforzarán las medidas policiales de seguridad tendentes a garantizar el normal funcionamiento de las infraestructuras críticas». La orden también dedica un apartado a la protección de la salud de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.