Un jefe de los Mossos también confiesa que avisaron al Govern del riesgo del referéndum

El comisario Quevedo, en la actualidad en situación de segunda actividad por edad, ha decidido declarar en la vista pese a que está siendo investigado por un juzgado de Barcelona por un delito de desobediencia. En concreto, por la actuación de los Mossos en el 1-O y ante las sospechas de que el dispositivo que se diseñó estaba encaminado a «no dar cumplimiento a las órdenes judiciales recibidas» por la juez del Tribunal Superior de Cataluña.

En ese órgano de Cornellá están acusados los «responsables de la elaboración y la aprobación de las pautas de actuación», es decir, cuatro comisarios, dos intendentes y la jefa legal de los Mossos.

Pese a que su situación procesal le permite no declarar, Quevedo ha decidido hacerlo como testigo, esto es, con obligación de decir la verdad y de contestar a todas las partes. Durante dos horas, el oficial ha respondido al fiscal Javier Zaragoza, encargado de interrogar a los testigos relacionados con la presunta violencia del 'procés', una de las patas del delito de rebelión (contra el orden constitucional).

La intervención se ha ceñido en contar el malestar de la policía catalana ante unas declaraciones públicas del exconseller de Interior, Joaquim Forn, en las que decía que los Mossos se comportarían el 1-O de la misma forma que en una jornada electoral. «Eso obviamente no nos parecía que fuera acorde con la realidad», ha precisado Quevedo.

Como hizo la semana pasada Castellví, el testigo ha señalado que esa «queja» la dejaron «patente» en dos reuniones, el 26 y el 28 de septiembre de 2017, «no solo al exconseller Forn», sino también a Carles Puigdemont y al exvicepresident Oriol Junqueras. «No podíamos actuar como en cualquier otra jornada electoral normal en una actividad política que había sido prohibida», ha añadido el entonces jefe de la comisaría general de Planificación y Seguridad de los Mossos.

El testigo ha subrayado que en la reunión de presentación de Forn con los mandos de los Mossos, el exconseller -acusado de rebelión en este juicio, en el que se enfrenta a 16 años de cárcel- les dijo que «tenía clara la separación entre la actividad política del Gobierno y lo que debía ser la actividad operativa o el cumplimiento de la ley por parte de la Policía».

En la reunión del 28, la última antes del referéndum, el testigo ha señalado que Forn «no intervino» y que Junqueras les dijo que «no habría resistencia» y que la gente dejaría actuar de «forma pacífica» a la Policía. Por su parte, Puigdemont justificó que el Govern «tenía un mandato que cumplir y que había sido avalado por los resultados electorales». «Nos comentó que iban a llevar adelante sus planes, pero les dijimos que una cosa y la otra eran incompatibles», apuntó Quevedo.

El comisario ha mencionado «el clima de tensión que se vivía en Cataluña» antes del 1 de octubre de 2017, que llevó a los Mossos a tomar medidas de protección de edificios públicos del Estado. A su parecer, «no cabe duda» que ante »las iniciativas políticas que se estaban llevando a cabo en Cataluña» era «bastante obvio que se podían generar tensiones en la comunidad». Por ello, ante la posibilidad de que hubiera »incidentes« o »conflictos entre colectivos antagónicos«, se detectó la »necesidad de proteger especialmente determinadas instituciones y personas«, ha señalado.

Sobre el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, acusado en la Audiencia Nacional por un delito de rebelión y que está citado este jueves, su compañero le ha exonerado de cualquier decisión u orden política, tal y como ocurrió con el comisario Castellví, exjefe de Información de la policía autonómica. Esta versión se aleja de la testifical del coordinador policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que acusó a Trapero de autorizar un dispositivo de mossos insuficiente y pensado en facilitar la consulta.