El mandato del Tribunal de Cuentas se cumple este viernes sin acuerdo

En el caso del Tribunal de Cuentas, esta fecha llega en plena polémica por la causa que ha abierto contra ex cargos de la Generalitat de Cataluña, lo que ha llevado tanto a los partidos independentistas como al propio Gobierno a cuestionar al ente fiscalizador. La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el ya exministro José Luis Ábalos lo llegaron a tachar de «piedras en el camino» del diálogo que Moncloa ha iniciado con Cataluña.

La renovación del tribunal que preside María José de la Fuente requiere necesariamente de un acuerdo entre el Gobierno de coalición y el PP, como primer partido de la oposición, puesto que los candidatos necesitan el respaldo de, como mínimo 210 diputados. Un pacto que se antoja complicado después de que el fiscalizador se encuentre en el punto de mira de la pugna entre socialistas y populares, ahondada tras la concesión de indultos por parte de Pedro Sánchez a los condenados por el 'proces'.

Ambas formaciones defienden su posición al tiempo que se acusan mutuamente de bloquear la renovación, como ya ocurrió en marzo con el Poder Judicial.

PP, Vox y Ciudadanos, por su parte, han rechazado los ataques al Tribunal de Cuentas, y ya han avisado de que, tras los indultos, es «muy complicado» pensar en un acuerdo para renovar los órganos constitucionales en lo que queda de legislatura (dos años si no se produce un adelanto de elecciones).

Los de Pablo Casado también se encuentran en una posición muy cómoda y no tienen prisa por renovarlo, ya que los actuales fueron nombrados en julio de 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy gozaba de mayoría absoluta, por lo que cuentan con mayoría en el tribunal.

El mandato de los consejeros dura nueve años, sin embargo, la Presidencia del órgano se va renovando cada tres entre los vocales. Por eso, este mandato, que arrancó en 2012 comenzó con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución -estuvo seis años- y desde 2018, María José de la Fuente y de la Calle.

En la práctica, sin embargo, se trata de una institución muy influid por los dos grandes partidos del Congreso, PSOE y PP, y depende de su prevalencia en el arco parlamentario. En la última renovación los conservadores se aseguraron siete asientos del tribunal, los otros cinco fueron escogidos por el PSOE (uno de ellos consensuado con IU).