La malversación del 1-O se diluye en una empresa en quiebra

El interrogatorio de los tres últimos cargos de Unipost (la empresa elegida para ese encargo) solo sirvió este miércoles para crear más confusión o para confirmar que el supuesto responsable de la Generalitat que orquestó esta operación irregular lo hizo tan bien como para no dejar ni rastro de su autoría.

Xavier Barragán, exdirector financiero de Unipost, una de las figuras clave todo este embrollo, culpó de todo al supuesto descontrol que se vivía en la empresa en otoño de 2017, sumida ya en un concurso de acreedores, con una deuda de 50 millones y al borde del cierre. En esa situación extrema la Generalitat hizo un encargo valorado 979.661 euros (un balón de oxígeno para la empresa). Había que repartir 5,3 millones de tarjetas censales y de 56.000 cartas certificadas para el referéndum independentista ilegal del 1-O pero quien hizo el encargo no dejó rastro a pesar de que en la sede de Terrassa de Unipost ya habían llegado, no se sabe de dónde, 43.000 tarjetas censales y más de 1.800 cartas certificadas.

«Fueron envíos que entraron sin albarán de entrega. No había trazabilidad por eso se ordenó paralizar la entrega. No se cobró. No era habitual», confesó Barragán que, como el resto de responsables de la desaparecida firma de mensajería, aseguró que nunca supo que había material del 1-O en sus sedes.

La Fiscalía no discute la versión de que el Govern no llegó a pagar. La Generalitat nunca llegó a abonar ese casi millón de euros, que presuntamente se dividió en cinco partidas de otros tantos departamentos, porque –sostiene la acusación- la Guardia Civil interceptó el material a distribuir. Pero el Ministerio Público considera que sí que hubo una malversación consumada porque «el gasto estaba comprometido y acordado».

Pero sigue sin saberse quién hizo el encargo porque todo fue irregular y la empresa, en plena descomposición, no estaba para hacer muchas preguntas. «La gente no cobraba las nóminas a tiempo, había problemas de liquidez... Uno de los sectores que se quedó vacío fue ventas», dijo Barragán, admitiendo sin ambages el descontrol en una Unispost en el que el rigor se vio superado por la necesidad de liquidez a cualquier precio.

«Si hubiera tenido que enviar veneno lo hubiera cogido», dijo por su parte Rafael Ramírez uno de los máximos responsables de la empresa en Barcelona. «Nosotros en ese momento estábamos en una penosa situación en la que los empleados cobraban mal y tarde», insistió, antes de justificar por la mala situación económica de la compañía el hecho de que la empresa se «metiera en el lío» del reparto del material electoral, aun a riesgo de perder otros clientes en el resto de España.

«La situación en septiembre era muy preocupante. No podíamos pagar a los empleados ni a los proveedores tampoco. Estábamos ya en concurso de acreedores y a punto a la liquidación», adujo Antón Raventós, presidente de Unipost, quien tampoco sabía que la Generalitat les había elegido para distribuir el material electoral ni que ese delicado encargo tenía una paternidad desconocida.