Llarena rechaza que sus comentarios sobre la amnistía le obliguen a dejar el procés como exige Puigdemont

En esa charla, alegaba el escrito presentado por Puigdemont, Llarena teorizó sobre las eventuales consecuencias y actuaciones que tomaría en el supuesto de que se llegara a aprobar una ley de amnistía. O sea, que se «posicionó sobre una medida exclusivamente de carácter legislativo que todavía no se ha tramitado« y sobre «su aplicación práctica» sobre los dirigentes independentistas fugados, denuncia el recurso.

«Las manifestaciones realizadas por el magistrado instructor no dejan margen de duda sobre su falta de imparcialidad e interés directo en la causa presente», apuntaba el letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, quien recordaba que no es competencia del instructor analizar la legitimidad de una normativa que aprobaría el Congreso. De hecho, Llarena también dijo que «no parece» que se den las condiciones para aprobar una ley de amnistía, lo que supone, según Puigdemont, criticar al poder legislativo y anticipa su posición sobre la posibilidad aplicar o no una ley de estas características.

Sin embargo, Llarena cree «manifiestamente infundada» la recusación y además apunta que esa reclamación en realidad sería una maniobra para demorar una eventual orden europea de detención.

El juez -que recuerda que los imputados también han recusado ya a la «práctica totalidad de magistrados de la Sala Penal del Supremo» y a «una parte importante de los integrantes del Tribunal Constitucional»- alega que la conferencia de Burgos «se desarrolló en un espacio estrictamente académico y que respondió al análisis de los criterios técnicos básicos de supervisión de constitucionalidad de cualquier norma jurídica, pero sin evaluar ningún aspecto concreto de una eventual Ley de Amnistía». Es decir, que arguye Llarena, que en ningún momento mostró un «posicionamiento procesal», sino que hizo «un planteamiento académico general y abierto que fue destacado por los medios de comunicación».

En todo caso, añade el juez, es imposible que su conferencia pueda reflejar hoy ningún condicionamiento para la tramitación de la causa, pues no se ha promulgado ninguna Ley de Amnistía que hoy pueda aplicarse al caso enjuiciado. «La actual causa de recusación busca el apartamiento inmediato del instructor especulando sobre mi posicionamiento ante una previsión legal que no existe y que puede no llegar a existir, de modo que esa consideración carece hoy de cualquier relevancia para la causa», señala.

Llarena insiste en que Puigdemont solo busca demorar cualquier actuación del instructor tendente a emitir una eventual orden europea de detención. Según el juez, los recusantes, con esta u otras estrategias procesales, buscan alcanzar la fecha de junio de 2024 sin posibilitar que efectivamente se reclame la cooperación jurisdiccional de otros países. Y es que en verano del año que viene decaerá el suplicatorio solicitado por el propio Llarena al actual Parlamento Europeo del que forman parte.