El tira y afloja entre el PP y el PSOE para cerrar un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, continúa. Lejos de acercar posturas, los populares han decidido tensar más la cuerda y endurecer ... sus condiciones para desbloquear las negociaciones. Exigen que los socialistas se comprometan a respaldar en el Congreso una ley para modificar el sistema de elección de sus vocales y que la mitad del órgano de gobierno de los jueces, como reclaman instituciones europeas, sea elegido por los propios magistrados para reforzar la independencia judicial. De lo contrario, advirtió este lunes Pablo Casado, no habrá pacto. «Es muy sencillo. Que los jueces elijan a los jueces», aseveró en una entrevista en 'El Confidencial'.
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El líder del PP siempre ha reclamado esta reforma, pero estaba dispuesto a renovar primero el Consejo y después pactar una nueva norma regulatoria. En cambio, ahora sostiene que ya no se «fía» del presidente del Gobierno al que acusa de engañarle hasta en tres ocasiones. «Hasta que no haya un compromiso parlamentario de que se va a reforzar la independencia judicial y que doce vocales sean elegidos directamente por los jueces -insistió Casado-, el PP no lo va a renovar».
Pero el PSOE no está dispuesto a ceder a las pretensiones del principal partido de la oposición. Los socialistas se oponen a esa reforma, implantada en 1986 y avalada por el Tribunal Constitucional, pese a que también algunas asociaciones judiciales reclaman que la elección de los vocales del gobierno de la judicatura sea por parte de los jueces. «No veo por qué tienen que cambiar las reglas de juego», afirmó el ministro y secretario de Organización, José Luis Ábalos.
El dirigente socialista acusó a Casado mantener un bloqueo «poco constitucional» y de buscar «cualquier excusa» para no cerrar un acuerdo que ponga fin a la prolongada interinidad del Consejo. Ábalos recordó que su partido, a diferencia del PP, respaldó la renovación del órgano cuando los populares ganaron las elecciones, sin las modificaciones del sistema de elección que ahora ponen sobre la mesa. «Nos apena -señaló- que jueguen con las instituciones».
Aunque hace apenas tres semanas el Gobierno daba por hecho el acuerdo con el PP, a falta de «oficializarlo», ayer su portavoz María Jesús Montero alejó esa posibilidad. «Cuando está a punto de cerrarse, llega Génova -lamentó-y dice que no».
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El primer amago de acuerdo se frustró en noviembre de 2018 cuando Ignacio Cosidó, en aquel momento el portavoz del PP en el Senado, reenvió un mensaje de Whatsapp que hablaba de controlar la Sala Segunda del Supremo -donde se iba a juzgar a los líderes del 'procés'- «desde detrás».
La convocatoria de legislativas en abril de 2019 y la posterior repetición electoral en noviembre de ese año, retrasaron las negociaciones, que volvieron a saltar por los aires en julio de 2020 cuando Podemos exigió estar presente en la negociación y tener representación en el CGPJ. Una petición inadmisible para los conservadores, que rechazan cualquier injerencia de los morados por mucho que el PSOE plantee que, como fuerza en el Ejecutivo, no pueden quedarse fuera de un órgano tan relevante. «No se trata de un acuerdo con el Gobierno sino entre los dos partidos mayoritarios del Congreso», arguyen en el PP.
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La negociación entre ambas partes lleva en punto muerto desde febrero cuando los populares dejaron claro que no estaban dispuestos a cruzar la línea roja que supone para ellos avalar la presencia en el Consejo del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, muñidor del párrafo de la sentencia de 'Gürtel' que provocó la moción de censura contra Mariano Rajoy y que sacó al PP del Gobierno.
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