Los letrados del Parlament señalan que el calendario de la investidura está parado

Según concluyen los juristas del Parlamento autonómico, el plazo de dos meses que se abre tras una investidura fallida aún no ha empezado a correr. La ley establece que, si transcurridos esos dos meses no ha habido investidura, la legislatura muere y hay que convocar nuevas elecciones. Por tanto, los secesionistas ganan tiempo para poder desencallar las negociaciones para la elección del presidente de la Generalitat.

“El aplazamiento de la sesión de investidura no se produce como consecuencia de una voluntad deliberada, sino de la decisión de un órgano externo al Parlamento”, dice el informe. En consecuencia, mientras no haya una decisión sobre la admisión a trámite por parte del Constitucional de la impugnación presentada por el Gobierno del pleno se puede considerar en suspenso el termino de diez días para la votación de un candidato, necesarios para que se activen los dos meses.

En cualquier caso, los juristas del Parlamento incluyen en el documento una serie de consideraciones que podrían servir a Torrent para encarar la situación de bloqueo. Los letrados señalan que el presidente de la Cámara puede, en ausencia de una votación de investidura que marque el fin del plazo de diez días, comunicar a la Cámara que no hay un candidato en condiciones, lo que serviría como acto de inicio de los dos meses.

Si se prolonga el bloqueo institucional tras la decisión del Constitucional sobre la admisión a trámite del recurso, Torrent estaría “facultado” para iniciar el término para la convocatoria automática de elecciones mediante una comunicación a la Cámara en que constate la imposibilidad de investidura, “sin perjuicio de su capacidad para iniciar una nueva ronda de consultas”.

El informe ha causado estragos entre los letrados. El dictamen ha dividido al cuerpo de juristas del hemiciclo y el documento solo está firmado por el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y no por el letrado mayor, Antoni Bayona.