Ayuso aclara que su hermano cobró 55.850 euros por conseguir las mascarillas

La presidenta madrileña aseguró que ese dinero no fue «una comisión por obtener el contrato de la administración» para esta mercantil, sino por el «cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid». Es decir, admitió que la empresa especializada en ropa deportiva usó los contactos comerciales en el país asiático de su hermano, que lleva trabajando 26 años como proveedor del sector sanitario.

«Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación», abundó Ayuso en la nota oficial, en la que defendió que la operación en la que participó su hermano permitió que la Comunidad de Madrid consiguiera mascarillas FFP2 y FFP3 a 5 euros «cuando los precios en ese momento (en el mercado mundial) llegaron a 10,5 euros».

Pero esa factura no fue la única que el hermano emitió en 2020 a Priviet Sportive. Hubo otras tres, según admitió este viernes Ayuso, que se negó a explicar el motivo de esos nuevos pagos alegando que éstos no tienen «relación con la Comunidad de Madrid».

Sea como fuere, el expediente A/SUM-011225/2020 no es, desde luego, un contrato de la administración al uso. Y no solo porque fue una adjudicación a dedo y por «trámite de emergencia» en pleno estado de alarma. En realidad, la Comunidad de Madrid, como la práctica totalidad de las administraciones, recurrió en más de 4.000 ocasiones en 2020 a esta figura para conseguir material sanitario en los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

Y es que el contrato de las mascarillas que la cúpula del PP nacional utiliza como artillería contra Isabel Díaz Ayuso, al margen de las explicaciones de este viernes de la presidenta y sus consejeros, tiene todavía muchas sombras y dudas más allá del momento excepcional en el que se firmó, el 1 de abril de 2020, en plena crisis mundial por falta de tapabocas.

La primera gran incógnita que no ha despejado aún ni la presidenta ni la Consejería de Sanidad es por qué el Gobierno regional recurrió para conseguir mascarillas a Priviet Sportive S. L., la empresa de Daniel Alcázar, amigo de la infancia de Tomás e Isabel.

La explicación más cercana que se conoció ayer en la sede de la Puerta de Sol la dio el responsable de Economía Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, que defendió que la tramitación se hizo de forma «totalmente irreprochable», con «absoluto y total respecto a la normativa de contratación pública» y tras pasar todos los controles previos y posteriores «tanto internos de la Comunidad como externos».

Priviet, una firma pequeña con solo ocho empleados, tiene como objeto social la «confección, fabricación y venta al por mayor y al por menor de artículos para el vestido y el tocado de caballero y señora». El perfil de esta compañía, que habitualmente se dedicaba a la comercialización de camisetas y equipaciones deportivas, es, no obstante, extraño, ya que tuvo una «ampliación de objeto social» para algo totalmente diferente a la confección textil: «la explotación agrícola, forestal, ganadera o cinegética de fincas rústicas».

Sea como fuere, Priviet Sportive, que nunca antes había trabajado con la Comunidad de Madrid y que nunca luego lo ha vuelto a hacer, se llevó un contrato de 1.512.000 euros (con IVA). La adjudicación se firmó el 1 de abril de 2020 y solo diez días después aquella empresa sin experiencia alguna y en un contexto de crisis mundial de mascarillas comenzó a entregar en IFEMA las 250.000 tapabocas FPP2 y FPP3 prometidas. Fueron destinadas al ala 10 del hospital de campaña instalado en el recinto ferial del IFEMA. La adjudicación del Gobierno regional supuso para Priviet más de un tercio de sus ventas en 2020, ya que la empresa del amigo de los Ayuso facturó ese año 4,3 millones.

Pero lo cierto es que el hermano de Ayuso, a diferencia de su amigo Daniel Alcázar, sí que tenía capacidad para conseguir el 'milagro' de conseguir tapabocas en plena crisis: es o ha sido administrador, gerente o director comercial de al menos cinco empresas del sector sanitario y con sobrada trayectoria de importación de material médico: Sismédica SL, Gala Médica SL, Pulsión Medical Systems AG, Mindray Medical y Cardiac Science.

Sin embargo, ninguna de esas empresas, con mucha más facturación y especialización de Priviet, optó a un contrato con la Comunidad. Una adjudicación de este tipo a una empresa directamente relacionada con Tomás Díaz Ayuso habría hecho saltar todas las alarmas de inmediato, porque esas firmas ya estaban en el radar de la oposición.

¿Qué hizo exactamente el hermano de Ayuso para conseguir las mascarillas? Esa es la gran pregunta todavía no resuelta, aunque se sabe que su proveedor es chino ¿Por qué desde el PP se sigue insistiendo que Tomás Díaz Ayuso se embolsó cerca de 286.000 euros, y no los 55.850 euros conocidos este viernes, por esa «intermediación» que ya nadie niega? ¿Pudo usar el hermano la empresa de su amigo para ganar la adjudicación y soslayar la legislación de altos cargos que prohíbe la contratación de familiares de hasta cuarto grado?

Hay otros temas menores en ese contrato que llaman la atención a los expertos. La administración madrileña hizo una corrección al documento de la adjudicación. En principio, la fecha de firma que figuraba en el contrato era 24 de marzo, sin embargo luego se pospuso al 1 de abril sin que conste el motivo del cambio de fecha.

Otro de los asuntos llamativos es el precio redondo unitario por mascarilla (5 euros), algo excepcional en compras de este calado en el que se discute al máximo hasta el último céntimo y máxime teniendo en cuenta que los tapabocas eran de dos tipos diferentes (FPP2 y FPP3) con diferentes precios en el mercado. El contrato fue firmado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila Ponce de León, y de él se dio cuenta al Consejo de Gobierno.

«Qué personas, cuántas personas intervienen en cada uno de los procesos que conducen a cada uno de los bienes y servicios que adquiere la Comunidad de Madrid es que no hay posibilidad humana de saberlo», ha señalado este viernes Fernández-Lasquetty sobre la intermediación del hermano de la presidenta. De hecho, ha recordado que ninguna de las personas que realizan trabajos con empresas aparecen en los contratos y ni siquiera desde el Gobierno regional tienen base legal para saberlo.

Por este motivo, el consejero madrileño de Hacienda criticó las sospechas que ha dejado Pablo Casado sobre el contrato, «lo que ha dicho no es cierto», y afirmó que desconoce quién pudo revelar desde la administración pública al presidente del PP la información fiscal o bancaria de un particular, como es el hermano de Isabel Díaz Ayuso.