El juzgado 13 de Barcelona lleva a juicio a 30 altos cargos de la Generalitat por el referéndum del 1-O

En la resolución, se recoge el procesamiento de 30 investigados por los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación. La magistrada, que sustituyó en la instrucción de la causa a Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido en noviembre del año pasado, ha fijado una fianza de 5,8 millones por responsabilidad civil para los procesados por malversación, «cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre», según el auto. «No prestar fianza supondrá el inicio del proceso de embargo de bienes», les advierte.

En total, son 17 las personas procesadas por malversación, todos ellos altos cargos de la Generalitat durante el 1-O, como Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat; Joaquim Nin, secretario general del Departamento de Presidencia de la Generalitat; Jaume Clotet, director general de Comunicación del Gobierno de la Generalitat; Josep Ginesta, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia; o David Palanques, responsable del área TIC del Departamento de Trabajo.

Según el auto, Antoni Molons, desde la secretaría de Difusión del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña «intervino activamente y encargó la campaña del Registro de Catalanes en el exterior». «Encargó y autorizó la adjudicación urgente de la campaña «Civisme», por la que compareció como testigo en el juicio del Supremo contra los líderes del 'procés'. Joaquim Nin, por su parte, «firmó el contrato relativo a un anuncio que contiene el texto ¿SI o NO? sobre un mapa de Cataluña en el que se promueve la inscripción de los catalanes residentes en el extranjero». «Autorizó, a su vez, la adquisición de los dominios, entre otros, pactepelreferendum.cat, referendumcatalunya.cat y catalanreferendum.eu. Tuvo conocimiento, por el cargo que ocupaba, de los procesos de adjudicación y adquisición de material, propaganda , publicidad, etc, relacionado con el referéndum del 1-O» según el auto de procesamiento.

Están procesados también, entre otros, Vicent Sanchis, director de TV3, y Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, en esta caso por un delito de desobediencia. En cambio, la investigación no ha arrojado indicios suficientes respecto de 15 investigados a los que la magistrada decide no procesar y levanta las imputaciones, entre los que se encuentran Carles Vives Pi i Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, o el juez y exsenador de ERC, Santiago Vidal.

Se da la circunstancia de que la causa investigada en el juzgado 13 de Barcelona se puso en marcha en febrero de 2017, meses antes de los hechos de octubre, por las revelaciones del exmagistrado y exsenador Santiago Vidal sobre los preparativos del referéndum y presuntas irregularidades en el proceso secesionista.

Muchos de los informes realizados por la Guardia Civil para el juzgado 13 de Barcelona, sobre todo los que tienen que ver con la organización del 1-O, sirvieron de base para procesar a los 12 acusados hoy sentados en el banquillo en el Tribunal Supremo. Entre otros, el documento Enfocats, que la Fiscalía utiliza como acusación en el juicio, pues supone una suerte de hoja de ruta hacia la independencia, así como también la agenda personal de Jové. El juzgado 13 fue también el que ordenó el registro de la Consejería de Economía el 20-S de 2017, el día de la manifestación supuestamente tumultuaria, o el que ha ordenado diferentes registros en las sedes de la ANC y Ómnium Cultural.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionado con máxima contundencia y ha lanzado una seria advertencia al Estado: «Si alguien cree que con ataques como éste, abandonaremos nuestro compromiso con la libertad, que pierda toda esperanza», ha señalado. Y ha avisado que la «única manera de frenar el autoritarismo y la ausencia de justicia» es «más democracia y más urnas».

El dirigente nacionalista ha reivindicado el 1-O y ha amenazado con su repetición. «Tengo la plena confianza de que los ciudadanos de Cataluña sabremos responder con la solidaridad, la firmeza y la determinación que ahora necesitan. Lo hicimos y lo volveremos a hacer», ha advertido. Y ha expresado su determinación a «avanzar en la consecución de los objetivos políticos que defendemos, es decir, la República Catalana».

A su juicio, el auto de procesamiento de 30 investigados «confirma la deriva autoritaria, la ausencia de independencia judicial y la persecución política en un estado de la Unión Europea». «La instrucción del Juzgado número 13 de Barcelona consolida el estado de excepción judicial a que se quiere someter una determinada ideología y un proyecto político, democrático y pacífico, como es la independencia de Cataluña», ha rematado. «Procesar responsables políticos por haber hecho lo que había sido comprometido en las elecciones con los ciudadanos es una aberración democrática y preocupante en la Europa del siglo XXI», ha insistido.

Según Torra, la Generalitat «no ha sido perjudicada presupuestariamente» ni de ninguna otra manera por la organización del referéndum. Por ello, cree que las acusaciones que se hacen en esta instrucción son el resultado de la construcción de un «relato motivado por objetivos políticos». «El relato inventado de la violencia es el mismo falso relato de la malversación y del resto de delitos que se atribuyen a los procesados», ha reiterado.