Justicia reconoce retrasos en el registro de fallecidos por Covid-19 pero niega que se oculten datos

Campo acusó al PP y a Vox, muy críticos con la gestión de su departamento durante la crisis, de utilizar «el dolor y la tragedia humana» provocada por la Covid-19 como «arma» y de «tratar de obtener rédito político del sufrimiento generado por esta calamidad». En su opinión, la actitud de ambas formaciones es «imperdonable» y advierte de que cuestionar la credibilidad y la confianza en las instituciones es «peligroso» y puede «dificultar la salida de la crisis». «Es profundamente irresponsable –reprochó– intentar utilizar políticamente los datos de fallecimientos para atacar a un Gobierno».

«Lo verdaderamente irresponsable es esconder la verdad», le recriminó el portavoz del PP en la comisión de Justicia, Luis Santamaría, que volvió a exigir al Ejecutivo explicaciones por no publicar las cifras reales. Una petición a la que se sumó el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, que volvió a acusar al Ejecutivo de «estar ocultando» los datos. «Es imposible que tengan una cifra de fallecidos porque no le han hecho test ni a los vivos ni a los muertos», remachó.

El titular de Justicia se defendió de las críticas y aseguró que España es uno de los países «más transparentes» en cuanto a la información pública disponible sobre el coronavirus y su impacto. Según señaló, los datos obtenidos se actualizan diariamente, aunque quiso desligar los recuentos que efectúa su departamento de los que lleva a cabo Sanidad porque tienen «una finalidad distinta». Campos explicó que la inscripción de los fallecimientos en los registros civiles «permiten analizar el exceso de mortalidad con la esperada» mientras que los dato recogidos por las comunidades se ciñen a «criterios científicos de la Organización Mundial de la Salud homologables en toda Europa».

El dirigente socialista defendió en su intervención las medidas acordadas en el real decreto aprobado la semana pasada para implantar en los juzgados y tribunales durante los tres meses posteriores al levantamiento del estado de alarma. Concretamente, respaldó la orden de habilitar el mes de agosto para desatascar los procesos pendientes, decisión muy criticada por todos los sectores judiciales. «Creo, honestamente que las críticas son injustificadas», aseguró Campo, que insistió en que es una decisión consensuada con las autonomías, con independencia del «signo político», así como la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial.

«Desprecia al abogado de turno de oficio», le increpó el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que alertó al ministro de que «en veinte días no se va a quitar el tapón» de asuntos judiciales pendientes. La diputada de Esquerra, Carolina Telechea, rechazó por su parte que ese decreto se haya consensuado con las autonomías. «Dígame una sola propuesta de la Consejería de Justicia de Cataluña que haya sido aceptada», insistió la portavoz parlamentaria, que advirtió de que si no existe cooperación con la Generalitat, les «obligarán a pasar de la abstención al no» en la prórroga del estado de alarma.