Justicia financia al CNI un programa que usará para descifrar archivos de Villarejo

Ello, pese a que el juzgado de la Audiencia Nacional solicitó en enero de 2019 el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que pusiera sus recursos en la ardua tarea de acceder a los secretos documentales del investigado. En estos tres años y medio de instrucción, Villarejo no solo no ha colaborado con la cesión de las claves, sino que se mantiene vigilante ante la posible vulneración de la cadena de custodia de este material probatorio (su hijo ya presentó un escrito en enero de 2020 asegurando que todas las evidencias digitales no eran válidas).

En una primera fase, la Policía Judicial, con el apoyo también del Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad), lograron descifrar parte de estos 40 teras. Documentos, audios y microcintas que han ido engordando las 31 piezas separadas abiertas hasta el momento en el macrosumario de la 'operación Tándem'. Una por cada proyecto o servicio prestado por el entramado parapolicial a sus clientes, entre ellos multinacionales del IBEX y empresarios particulares. No obstante, Villarejo ha sugerido en reiteradas ocasiones que se podría alcanzar el centenar de subcausas.

El camino para los miembros del CNI está lleno de obstáculos. El Centro Criptológico Nacional, órgano adscrito al servicio de inteligencia, lleva meses intentado desentrañar las claves de los archivos encriptados. Incluso se sospecha que los investigados han podido servirse de terceros para borrar de forma remota datos alojados en servidores ubicados en el extranjero, tal y como señala un auto la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El ogro al que no consiguen meter mano se llama TrueCrypt, un software libre de cifrado que, pese a estar desactualizado desde 2014, sigue siendo difícilmente franqueable. En este programa guarda Villarejos bajo llave sus secretos aún desconocidos.

Los desarrolladores de TrueCrypt combinaron el uso de distintos algoritmos de cifrado para proteger las puertas traseras del sistema y evitar brechas de seguridad. Además, establecieron contraseñas de entrada combinadas de texto y un archivo único, por ejemplo una foto o un audio, como medida extrema de protección.

Un experto en seguridad informática consultado, que ha preferido mantener el anonimato, asegura que esta combinación de algoritmos hace imposible un ataque por fuerza bruta -desplegar muchas combinaciones a la vez hasta dar con la correcta-, que además de necesitar los ordenadores más potentes del mundo para logralo llevaría años. Por tanto, admite, lo más probable es que los archivos de Villarejo protegidos con este software sigan opacos mientras él no revele las contraseñas.

En este contexto, la semana pasada se conoció una importante novedad para impulsar el trabajo de los informáticos del CNI. El Ministerio de Justicia aprobó la concesión al centro de un proyecto para luchar contra la criminalidad. Se trata de un «sistema de inteligencia artificial para generación de contraseñas» y su coste ha sido de 66.754 euros. La cantidad, ciertamente escasa, hace pensar que se podría trata de un «complemento informático», según el especialista consultado del sector.

No obstante, fuentes jurídicas han confirmado a este periódico que el objetivo de este programa es reforzar los medios para acceder a los archivos del comisario jubilado. Aunque también se prevé usarlo para otros fines: combatir la cibercriminalidad, el yihadismo o el espionaje industrial, entre otros desafíos.

Básicamente, la inteligencia artificial es un mecanismo que aprende de los que se le alimenta, en este caso de los enlaces con claves filtradas. Y en virtud de los cálculos y las probaturas podría encontrar un patrón sin tener que recurrir a otros mecanismo más clásicos de descifrado.

La adjudicación de este programa parte de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia. La Comisión de Adjudicación de Bienes Producto del Delito (CABID) repartió la semana pasada más de 600.000 euros a los proyectos presentados por los ministerios del Interior y Justicia, la Fiscalía General del Estado y el CNI. Otros años los beneficiados fueron la Agencia Tributaria o el Consejo General del Poder Judicial.

El objetivo es que los trabajos atiendan a víctimas del delito y luchen contra la criminalidad organizada. La CABID puntúa los proyectos presentados en base a unos baremos y distribuye los importes económicos. El CNI, por lo tanto, ha tenido que justificar la adquisición del sistema y su calendario de ejecución. Además, de forma periódica deberá informar sobre el desarrollo y el grado de cumplimiento del programa.

Fuentes de esta comisión de expertos confirman que el servicio de inteligencia no ha detallado en el proceso de presentación para quién va dirigido. Aunque tampoco estaba obligado, señalan. Sin embargo, ahora se sabe que será para intentar acceder a los miles de archivos de Villarejo que aún siguen encriptados. ¿Será el impulso definitivo para conocer el alcance real de esta macrocausa de espionaje parapolicial?