El Gobierno eliminará la prisión para «delitos de expresión» tras el 'caso Hasel'

En esencia, Justicia estudia la posibilidad de reformar los delitos «más controvertidos», como el de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas cuando se comete por cuestiones de opinión, el delito de odio, injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones y el delito contra los sentimientos religiosos.

Fuentes del ministerio han explicado que la reforma está justificada porque «estos tipos penales adolecen» de varias condiciones. «Una cierta indefinición del bien jurídico protegido; por la amplitud de la conducta típica descrita en la norma, lo que genera inseguridad; y por la difícil delimitación entre ejercicio del derecho fundamental y la conducta delictiva, que precisa de una interpretación restrictiva».

Todas estas cuestiones son exigencias «de precisión y restricción» de estos delitos requeridas por parte del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Derecho Europeo, añaden los citadas fuentes ministeriales tras un primero comunicado de Moncloa más difuso. «Es una iniciativa política cuya voluntad se expresa con esta nota», señaló una fuente.

El recorrido legislativo de esta reforma es por ahora un mero anuncio, ya que este martes no se llevará ninguna propuesta concreta al Consejo de Ministros. Incluso desde Justicia admitieron que «se trata de un asunto al que le queda recorrido» en fase de estudio. De todos modos, una posibilidad sería incluirlo en la pretensión del Gobierno de reformar el Código Penal con el cambio, por ejemplo, del delito de sedición anunciado ya en septiembre.

El globo sonda lanzado ahora por el Gobierno al calor del 'caso Hasel' prevé una revisión de los delitos relacionados con «excesos» en el ejercicio de la libertad de expresión para que sólo se castiguen conductas que supongan «claramente» la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de conducta violenta. Así, se castigarán con penas disuasorias, pero no con cárcel.

En la propuesta planteada por el departamento dirigido por Juan Carlos Campo se contemplará que «aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales» permanezcan «al margen del castigo penal». En este sentido, el Gobierno ha defendido que «el derecho penal ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo supondría un desaliento para la libertad de expresión».

El anuncio gubernamental llegó como respuesta al manifiesto que a media tarde suscribieron más de 200 representantes del mundo del arte y la cultura, encabezados por Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat o Javier Bardem. Todos ellos mostraron su apoyo a Hasel, que ahora cumplirá nueve meses de cárcel. Entre los firmantes también aparecen actores y cineastas como Paco León, Luis Tosar, Alba Flores, Álvaro Morte, Javier Gutiérrez, Fernando Trueba, Aitana Sánchez-Gijón, Willy Toledo o Coque Malla. En el manifiesto afirman que estos delitos cercenan la libertad ideológica y artística.