JuntsxCat registra sin ERC la reforma legal para investir a Puigdemont a distancia

Esquerra ya había advertido a sus socios de que la reforma de la ley de la presidencia, para permitir que la investidura de Puigdemont pueda hacerse desde Bruselas, está abocada al fracaso, pero Junts per Catalunya está decidida a intentarlo en cualquier caso. Por ello, el grupo nacionalista ha registrado en solitario en la Cámara una propuesta de reforma legal, sin la rúbrica y el apoyo de Esquerra, para poder celebrar el debate de investidura «sin la presencia o sin la intervención del candidato». Junts per Catalunya tratará por todos los medios de investir a Puigdemont y solo cuando constante que este extremo es imposible activará el plan de búsqueda de un candidato alternativo. JuntsxCat pretende además que todos los órganos colegiados previstos en la ley, como es el gobierno, pueda «constituirse, convocarse, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos de forma presencial y a distancia», lo que abre la puerta a que el dirigente nacionalista lleve el timón desde Bruselas.

Esquerra, en cambio, que cree que la vía Puigdemont es inviable y considera que el expresidente debería «digerir que no será investido». Los republicanos han vuelto a plantarse ante las exigencias de sus socios, diez días después de que Roger Torrent dejara a los neoconvergentes con la miel en los labios, al decidir aplazar el pleno de investidura cuando en JuntsxCat ya celebraban la elección de su cabeza de filas.

El acuerdo entre secesionistas no está tan cerca -dicen en ERC- como tratan de trasladar casi a diario los neoconvergentes. De hecho, hoy habían anunciado que podría haber pacto sobre una propuesta de resolución parlamentaria para «restituir» simbólicamente al expresidente, pero no han sido capaces de elaborar un texto de consenso. Los negociadores tienen tiempo para el acuerdo global, pero tampoco pueden dormirse en los laureles. Más aún después de que se haya hecho público el informe de los letrados de la Cámara catalana sobre el calendario para la investidura. Según concluyen los juristas, el plazo de dos meses que se abre tras una investidura fallida aún no ha empezado a correr, porque el pasado 30 de enero no se produjo ninguna votación.

La ley establece que si transcurridos dos meses desde el intento de investidura no ha habido manera de elegir al presidente de la Generalitat, la legislatura muere y hay que convocar nuevas elecciones. El dictamen del cuerpo de juristas, solo firmado por el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y no por el letrado mayor, Antoni Bayona, pone sobre la mesa varias vías para desencallar el actual limbo temporal. Si Roger Torrent comunica a la Cámara que no hay un candidato en condiciones, equivaldría a una votación fallida y serviría como acto de inicio de los dos meses.

Si se prolonga el bloqueo institucional tras la decisión del Constitucional sobre la admisión a trámite del recurso, Torrent estaría «facultado» para iniciar el término para la convocatoria automática de elecciones mediante una comunicación a la Cámara en que constate la imposibilidad de investidura, «sin perjuicio» además de su «capacidad para iniciar una nueva ronda de consultas».