Puigdemont y Aragonès exigen un gesto al Estado por Companys en plena polémica de la amnistía

Las declaraciones de esta mañana han evidenciado que Junts insiste en encarecer la reelección de Sánchez y en dificultar el proceso negociador. Hoy quien le ha lanzado el aviso al presidente en funciones ha sido el secretario general de Junts, Jordi Turull. Rechazar la vía de la secesión a las bravas, sin acuerdo, como ocurrió con el 1-O y el 27-O de 2017, sería como renunciar a la «misma nación», ha señalado Turull, quien ha rematado: «No hace falta ni que nos lo pidan, porque lo que nosotros queremos es que esta nación sea libre«. Una advertencia que la expresidenta del Parlament Laura Borràs, apartada del cargo por su condena por corrupción, ha apuntalado al subrayar que ella y los suyos »no se rinden« y siguen contemplando »la unilateralidad« como mecanismo legítimo para alcanzar «la libertad» de Cataluña.

La víspera y una vez concluida la ronda de contactos de Sánchez sin resultados tangibles, Puigdemont fue explícito a través de un mensaje en Instagram. España, escribió reproduciendo lo que ya puso encima de la mesa en su conferencia en Bruselas del 5 de septiembre, se encuentra ante «un dilema de resolución compleja». Debe elegir entre repetir elecciones o pactar con un partido que «no renuncia ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos», reiteró. Y remachó con que «mantiene la legitimidad» del referéndum ilegal del 1 de octubre.

En paralelo y con el telón de fondo de una ley de amnistía que los secesionistas quieren que certifique que la actuación política, policial y judicial contra el 'procés' fue ilegítima porque sus protagonistas no delinquieron, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acompañado por todos los miembros de su ejecutivo y por la presidenta del Parlament, ha reclamado al Estado una declaración institucional que restaure la figura de Companys. «Fue fusilado por ser presidente de Cataluña», ha señalado en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona, tras el homenaje a su predecesor en la Segunda República. «Otros gobiernos de otros estados han reconocido, como continuadores de máximas instituciones del estado que les ha precedido, su responsabilidad», ha asegurado. Por ello, ha instado al Gobierno a realizar un «acto de desagravio» que restaure su figura constatando la injusticia de su proceso, la ilegitimidad del órgano que le juzgó y la nulidad de la sentencia.

Puigdemont ha ido, en el tono y en el contenido, más allá. Si el crimen todavía «resuena» no es solo porque Companys fuera ejecutado por el franquismo, sino «porque es mucho más que eso: fue detenido, extraditado, maltratado, juzgado, condenado y ejecutado por las autoridades del Estado español de acuerdo con la legalidad vigente. No es una víctima de una guerrilla de incontrolados; es una víctima formal del Estado español». La conclusión del expresident es que ese Estado, 83 años después, «debe pedir perdón al pueblo de Catalunya», porque mató a Companys por el jefe del Gobierno de sus conciudadanos.

Y en este contexto, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello ha enfatizado que el mejor homenaje a Companys sería forjar una investidura de Sánchez como freno a unas derechas a las que ha equiparado con las de hace ocho décadas. El líder del PSC, Salvador Illa, también ha cargado contra el PP y Vox, en su caso para denunciar sus políticas del «miedo».