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La Junta Electoral Central no se limitó ayer a abrir expediente y denunciar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante la Fiscalía por no obedecer la instrucción de quitar los símbolos independentistas de las fachadas de los edificios públicos catalanes, también lanzó una seria ... advertencia a la vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo, que se arriesga a una multa de entre 300 y 3.000 euros.
El órgano encargado de supervisar la limpieza del proceso electoral considera que la también ministra de Presidencia ha estado utilizando la cuenta que su ministerio tiene en la red social Twitter con fines partidistas. En concreto, hace mención a varios mensajes en contra del PP y Ciudadanos en los que, entre otras cosas, les acusa de no parar de «decir y hacer cosas insustanciales» o de «insultar constantemente al presidente del Gobierno» y no haberse «adaptado» a la oposición.
El problema no sería el mismo si Calvo hubiera utilizado para esos mismos ataques su cuenta personal. Pero la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) prohíbe a los poderes públicos de manera expresa, en su artículo 50.2, actos de propaganda en los periodos electorales. Dicho de otro modo, les obliga a mantener la neutralidad. Ese artículo, de hecho, es el mismo invocado para el caso de Torra.
Algunos de lo mensajes de Calvo en la cuenta del Ministerio fueron retirados tras ser denunciados ante la JEC por el PP, pero la entidad advierte de que ante la reincidencia de la ministra puede acabar viéndose obligada a abrir un expediente sancionador. Es decir, que si se produce una nueva infracción de ese tipo, será multada.
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