Los 'Jordis' se la juegan a una carta

Del interrogatorio de estos mandos del instituto armado pende el futuro procesal de Jordi Sànchez, sobre todo, y también de Jordi Cuixart, líderes de las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, respectivamente. Unas plataformas que, según el escrito de acusación del Ministerio Público, ejercieron un «papel crucial» mediante la movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de una nueva república catalana.

Los dos tenientes fueron testigos presenciales de las protestas callejeras frente al departamento dirigido por Oriol Junqueras, principal acusado como 'cabecilla' de la presunta rebelión (le piden 25 años de prisión). Por lo tanto, su relato tendrá más peso para los magistrados que el de la Letrada de la Administración de Justicia Montserrat del Toro. La funcionaria del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que dirigió los registros en el interior del edificio, pero que, tal y como admitió a la Sala, no tuvo contacto directo con los procesados Sánchez y Cuixart (les piden 17 años de prisión y fueron los primeros en entrar en prisión preventiva a mediados de octubre de 2017).

Al escuchar a los tenientes, el tribunal tendrá la posibilidad de conocer su versión y contradecir lo que digan a la declaración que hicieron en su día los dos acusados. El expresidente de la ANC, por ejemplo, admitió que se trató de una «protesta pacífica» contra los registros que congregó a unas 40.000 personas y rechazó que se produjeran episodios de violencia, salvo los daños a los vehículos policiales, que condenó. Del mismo modo, defendió su actuación de mediación con los dos agentes para que la situación no se descontrolara.

Cuixart, aún presidente de Òmnium, declaró que no fue consciente de que había coches dañados hasta las doce de la noche y que le supo «muy mal». «Fue una ruptura de la disciplina no violenta que no la comparto solo yo, sino los catalanes», afirmó. Asimismo, rechazó la generalización de la violencia que defiende la Fiscalía y negó que la comisión judicial «no tuviera libertad de movimientos». «Se creó un pasillo para que pudiera salir o entrar quien quisiera», aseguró.

El Ministerio Público, precisamente, considera que «durante los disturbios», el acusado Jordi Sànchez -quien paradójicamente estuvo en permanente contacto telefónico a lo largo del día con el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero- «se erigió en interlocutor de la movilización ante los agentes actuantes e impuso condiciones para el efectivo desarrollo de su función, entre ellas negar a los guardias civiles que pudieran introducir a los detenidos en el edificio, salvo que los agentes de la comisión judicial asumieran conducirlos a pie entre la muchedumbre».

En su declaración ante el instructor de la Policía Judicial el 23 de septiembre de 2017, uno de los tenientes, destinado en la Policía Judicial de Cataluña, contó los seis intentos fallidos de pedir la movilización de los Mossos para dar seguridad a la comitiva judicial. Él estaba en la puerta de entrada de la consejería y Sànchez se presentó como «interlocutor válido de la concentración». «Nos comunicó que no podía permitir que accediera ningún vehículo ni personal uniformado con los detenidos hasta el edificio, pese a la necesidad de traer a los registros a tres detenidos», relató, según un acta del sumario a la que ha tenido acceso este periódico.

«Temí por mi integridad, ya que estuvimos sitiados más de 18 horas. El ambiente fue tenso y hostil, nos tiraban objetos e insultaban constantemente. A las tres de la madrugada hubo una carga violenta de la masa contra la puerta de entrada, que con ayuda de los Mossos se pudo repeler», añadió.

Su compañero, teniente jefe de sección de los antidisturbios GRS, con sede en San Andreu de la Barca (Barcelona), declaró que desde primera hora los voluntarios de la ANC controlaron la situación y que Sànchez ofreció, pasadas las nueve de la noche, hacer un cordón para sacar a la comitiva a pie hasta los coches de los Mossos, pero que se negaron. «Me dijo si quería hablar con Trapero y le remití a mi jefe». Su servicio finalizó 25 horas después de llegar a la consejería.