El juicio a Otegi divide a PSOE y Podemos

El presidente del Gobierno ya sabía, cuando selló su pacto con Pablo Iglesias hace poco más de un año, que acabarían chocando en asuntos de Estado, pero en las últimas semanas sus discrepancias se han hecho más evidentes. Primero, con la respuesta a las informaciones sobre la situación fiscal de Juan Carlos I y las críticas de Unidas Podemos a la Corona. Ahora con su interpretación de lo que implica la repetición del juicio por el intento de reconstrucción de Batasuna, que Estrasburgo anuló cuando aceptó un recurso planteado por el propio Otegi por la parcialidad de la juez Ángela Murillo.

Los socialistas defendieron hoy que el hecho de que Otegi vaya a ser juzgado por este asunto no convierte a EH-Bildu en un partido con el que no se pueda hablar. Ábalos aseguró incluso que, del mismo modo que el PSOE exige diferenciar entre las conductas del antiguo rey y la institución monárquica, también hay que saber distinguir entre «una cuestión que afecta en lo personal» y por la que «debe responder» el coordinador de EH-Bildu y su actual formación. «Esta es la mayor muestra de que (la posición del PSOE) no implica ningún blanqueo», insistió.

Podemos, como Bildu, sin embargo, se apresuró a presentar el asunto como un ataque de las «cloacas» contra la alianza de fuerzas de izquierda que Pablo Iglesias se jacta de haber logrado incorporar a la «dirección de Estado». El presidente del grupo parlamentario confederal, Jaume Asens, lo escribió así en su cuenta de Twitter: «A Marchena no le gusta que EH Bildu apoye unos presupuestos del Estado. Este es su aviso. #ruidodetogas».

La argumentación hila con el discurso habitual del vicepresidente del Gobierno, que en más de una ocasión ha hablado de la actuación de «poderes ocultos» del Estado en contra de la «tarea histórica» que tanto él como sus aliados pretenden desarrollar. Lo hizo, por ejemplo, cuando el juez Manuel García Castellón pidió al Tribunal Supremo, el pasado octubre, que lo investigara por el 'caso Dina'; imputación a la que se opone la Fiscalía.

De 'deep State' o «Estado profundo» habló también ETB el diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu, en un sentido muy parecido al de Asens. E igualmente el vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC en las elecciones del 14 de febrero, Pere Aragonès, aprovechó la ocasión para acusar al Supremo de actuar con «venganza» y mantener la «represión».

También el PNV tildó de «desagradable sorpresa y profunda contrariedad» una decisión que, a su juicio, supone un «flagrante cuestionamiento del principio de seguridad jurídica que consagra la Constitución Española».

Los socios del Gobierno alegan que repetir un juicio que fue declarado nulo después de que Otegi cumpliera seis años de cárcel resulta incongruente. En Moncloa y el ala socialista del Ejecutivo, sin embargo, entienden que la decisión del Tribunal Supremo es la consecuencia lógica del propio fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y Ábalos insistió en que su formación «respeta y acepta» resolución, a pesar de que EA (formación integrante de EH-BilduO), solicitó su pronunciamiento en contra.