La Guardia Civil advierte a la juez que investiga el 8-M de que «no se deberían haber realizado manifestaciones»

En el documento, de 83 páginas, sale a la luz un día después de la destitución del jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Pérez de los Cobos, después de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, considerase que hubo una «pérdida de confianza» por parte de su subordinado. El movimiento precipitó también la dimisión este martes del número dos de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña.

La Guardia Civil tiene constancia que entre el 5 y el 14 de marzo se celebraron en Madrid 130 reuniones o manifestaciones sin que la Delegación del Gobierno planteara ninguna objeción y otras 35 fueron desconvocadas.

Pero el ejemplo más paradigmático para los investigadores tiene que ver con un congreso evangelista en Madrid (IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios: Unlimited 2020), previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo con un aforo estimado de entre 5.500 personas. Dicho evento, asegura el informe, fue «cancelado por motivos sanitarios» el 6 de marzo «tras haberse celebrado reuniones con responsables de Sanidad que habrían desaconsejado la celebración». «Se canceló por reunir a personas de muchos países, también de los que se consideraban de riesgo en ese momento», justificó este martes en rueda de prensa el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que considera que los eventos multitudinarios celebrados en aquellos días, incluida la Marcha del 8-M o varios partidos de fútbol, «tuvieron un efecto marginal en la transmisión de la pandemia en España».

El informe subraya en sus conclusiones que las «recomendaciones imperativas» que se transmitieron desde Sanidad al «colectivo evangélico» y el «nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones» son indicios de la «preocupación» de éstos frente a la pandemia y «su interés real por velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios».

Otro de los focos mediáticos más polémicos por posibles contagios fue el partido Valencia-Atalanta, que motivó el viaje de muchos aficionados el 9 de marzo. Los investigadores dicen que «se permitió que hinchas italianos viajaran a Valencia en plena crisis en Italia», sin tomar ninguna medida de seguridad.

Pero el documento también cuenta con varios errores. En el apartado de recomendaciones se incluye que la OMS declaró al coronavirus como pandemia mundial el 30 de enero, cuando esto realmente se produjo el 11 de marzo, tres días después del 8-M. También hay imprecisiones a la hora de enumerar los datos de casos y fallecimientos por Covid-19, en la que no se precisan que se trata de cifras acumuladas.

La jueza cita en su misiva el artículo 126 de la Constitución que dice que «la policía judicial depende de los jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca»

Marlaska cesó al coronel, que fue el coordinador del dispositivo policial del 1-O en Cataluña, por «pérdida de confianza», según manifestaron fuentes del Ministerio, sin dar más detalles.

Sin embargo, otras fuentes próximas al instituto armado indicaron que el cese puede estar motivado por el citado informe, si bien no tanto por su contenido como por no haber comunicado que se iba a entregar a la jueza, pese a tratarse de un tema «delicado».

Poco después de trascender esta decisión, se conoció una providencia de la jueza en la que cita como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que tendrá que comparecer el 5 de junio de forma telemática.

De hecho, en ese mismo escrito la magistrada advierte a las partes personadas, Fiscalía y Abogacía del Estado, y al personal del juzgado de que «la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal».

En los mismos términos que contiene el oficio a Interior, indica que los agentes de la Policía Judicial «deberán guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones e informaciones de las que solo darán cuenta a la magistrada.