La jueza avala que Jordi Sànchez salga de la cárcel para hacer voluntariado

En el auto de este miércoles, consultado por Europa Press, la jueza ratifica la autorización para que se aplique el artículo 100.2 a Sànchez, tal como aprobó la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners (Barcelona), y rechaza así el informe de la Fiscalía en el que se opuso a la medida.

La prisión deberá comunicar cada semana a la jueza de vigilancia penitenciaria la evolución de Sànchez en el régimen especial del 100.2, para constatar «que se mantienen bajos los riesgos de reincidencia», y también servirá al juzgado para valorar la procedencia de continuar aplicando la medida.

La junta de tratamiento de Lledoners acordó el 100.2 para Sànchez el 6 de febrero, y el trámite para responder al escrito de oposición de la Fiscalía había quedado suspendido por el decreto de estado de alarma.

Para justificar la decisión, la jueza remite a lo que ya valoró al aprobar el primer permiso de salida para Sànchez: «No puede pretenderse que la condena penal se extienda a una condena del itinerario penitenciario del interno, obstaculizando e impidiendo situaciones de posibles autorizaciones de permisos« ni otros beneficios penitenciarios.

«Lo que parece olvidar el Ministerio Fiscal» en su oposición, reprocha sobre la afirmación anterior, y como en su acuerdo de febrero --al que la Fiscalía también se opuso--, hace referencia a la situación penitenciaria de Sànchez, a sus niveles de riesgo, y a que asume los hechos relatados en la sentencia que lo condenó.

Sobre la petición del fiscal para que Sànchez haga un programa específico de tratamiento por su condena por un delito de sedición, la juez afirma que la Fiscalía «continúa basándose en realidad en la necesidad de que el interno realice un programa específico para cambiar o modificar su pensamiento y su ideología política».

«La voluntad del interno de continuar reivindicando el derecho a decidir sobre la situación de Cataluña, de forma pacífica y no violenta, hace temer al Ministerio Fiscal que pueda producirse una reincidencia delictiva«, lo que la jueza considera que no se fundamenta en ningún dato objetivo.

Señala que «tal pretensión del Ministerio Fiscal de rechazo y modificación de los principios, pensamientos y voluntades legítimos que tiene el interno» no se contemplan en la normativa penitenciaria ni en la Constitución, y considera que atentaría contra los derechos fundamentales.